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Ya se completa un mes de bloqueos, marchas y protestas por el paro nacional
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En Chile se aprobó una renovación de la constitución de 1980, mientras que en Colombia se tumbó la reforma tributaria
Chile y Colombia han sido la cara de las manifestaciones en la región por tener algunos encuentros violentos, que se han movido entre el abuso de la fuerza pública y la aparición de grupos vandálicos que irrumpen en las manifestaciones para causar daños.
En Chile todo comenzó el 4 de octubre de 2019, cuando un grupo de estudiantes, inconformes por el alza en los precios del transporte público, decidió evadir el pago de este servicio y tomarse las estaciones del metro en la ciudad de Santiago. La gran movilización estalló el 14 de octubre de ese mismo año.
Desde ahí, se desencadenaron una serie de hechos que se extendieron por 150 días y que terminaron en la convocatoria a un plebiscito para cambiar la Constitución de 1980, una reforma a la policía, 2.547 heridos y 38 muertos.
En el caso de Colombia, los ánimos se agitaron cuando el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó un proyecto de reforma tributaria, el 27 de abril de 2021, con el que pretendía recaudar $23 billones para recuperar al país del duro golpe de la pandemia.
A diferencia de Chile, donde el epicentro de los encuentros fue su capital Santiago, en Colombia el conflicto viajó hasta las regiones y se ubicó principalmente en la ciudad de Cali, donde los manifestantes cerraron todas las vías de acceso a la ciudad, generando problemas de abastecimiento en insumos alimenticios y combustibles.
La situación se agudizó el 30 de abril cuando el presidente Duque ordenó el despliegue de 4.000 uniformados de las Fuerzas Armadas en Cali para contener las manifestaciones. Hecho similar a lo ocurrido en Chile cuando, ante seis días de violencia, el presidente Sebastián Piñera declaró que el país “estaba en guerra” y ordenó la presencia de 9.500 militares en las calles de Santiago y nueve provincias más.
Sin embargo, las consecuencias de las manifestaciones en ambos países atravesaron el terreno económico, en Chile se perdieron 300.000 puestos de trabajo y el dólar se ubicó en 838 pesos chilenos por unidad.
En Colombia, el fracaso de la reforma tributaria y el apretado margen fiscal le valió una reducción, en la tercera semana de marchas, en la calificación de riesgo de la firma Standard & Poor’s, que dejó al país sin grado de inversión y al Ministro de Hacienda y sus viceministros por fuera del gabinete.
Este escenario se ajustó a lo vivido en Chile, cuando tras el fuerte estallido social Piñera movió a nueve de sus ministros con el objetivo de calmar los ánimos del país.
De acuerdo con Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, mientras en Chile el panorama se definió por “un exceso de presión” de los ciudadanos de todas las orillas políticas en contra del gobierno, en Colombia, el problema “es de representación y de la centralización de las instituciones, que ha recaído en la pérdida de confianza del pueblo”.
Así las cosas, en Colombia, el Gobierno Nacional no ha podido llegar a un acuerdo formal con el Comité del Paro, por lo que en medio de las negociaciones, el pasado 25 de mayo, la sede del Tribunal de Justicia de Tuluá fue incinerada en un hecho similar al que se dio en Chile cuando los estudiantes incendiaron una sede del Banco Central y la Iglesia de los Carabineros en las manifestaciones.
Morales concluyó que el fenómeno que se ve en Colombia y en Chile es generalizado en la región y recae en la pérdida de gobernabilidad y de control por parte de los gobiernos de turno, que han estado “desconectados de sus países”.
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