Los cambios regulatorios recientes que toda empresa debería tener en el radar

Las empresas colombianas, independiente de su tamaño y su sector, se mueven hoy en un entorno marcado por una mayor regulación y fiscalización en ámbitos, tributarios, laborales, ambientales, entre otros, que genera muchos retos e incertidumbres debido a la gran cantidad de trámites, reportes, autorizaciones y regímenes sancionatorios que surgen. En este contexto adquiere mayor relevancia la necesidad de contar con una asesoría jurídica que acompañe y oriente, para adaptarse a este escenario y cumplir con lo reglamentario.

Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, señala que esta asesoría jurídica ha pasado de ser un apoyo meramente reactivo y se ha convertido en un acompañamiento estratégico y preventivo para cualquier empresa.

“En un entorno donde los cambios regulatorios en el país son frecuentes, el asesor legal ya no solo debe interpretar la norma, sino ayudar a las compañías a anticipar riesgos, modelar escenarios y traducir los cambios legales en decisiones concretas de negocio. Eso exige una asesoría más cercana al negocio, interdisciplinaria y con ágil capacidad de implementación”, expresa Ruiz.

Hoy, el país afronta novedades regulatorias en distintos ámbitos, pero sobresalen aquellas en materia tributaria y laboral, que requieren de una atención prioritaria por parte de las empresas, de sus equipos jurídicos y de la asesoría legal externa con la que cuentan, asegura.

“En el frente tributario han surgido retos como el impuesto al patrimonio para las empresas y las altas tasas de tributación en materia del impuesto de renta. Y en el campo laboral, la discusión y aprobación de reformas con impacto en jornada, recargos, contratación y costos laborales confirma que esta también seguirá siendo un área crítica para la planeación estratégica empresarial”, complementa Ruiz.

El panorama regulatorio actual

Para un mejor entendimiento del contexto actual de las modificaciones reglamentarias más recientes, desde la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón explican cuáles son las más relevantes en materia ambiental, laboral y de competencia.

Mauricio Montealegre, socio del área laboral de esta firma, indica que las novedades normativas que más destacan en este ámbito son el decreto que regula la tercerización e intermediación en Colombia y la que reglamenta la negociación colectiva por niveles. Estas, junto con los ajustes que trajo la reforma laboral, son los puntos de mayor relevancia, agrega.

“La tercerización es fundamental, debido a que interviene en la cadena de producción y operación de las empresas, y el nuevo decreto establece unas presunciones que pueden crear contingencias a las empresas. Va a ser fundamental la evaluación constante de los proveedores de servicios y contratistas, para garantizar que la operación sea segura bajo la perspectiva legal”, dice Montealegre.

Lo anterior lo expresa dado que, en su concepto, una tercerización que no garantice la autonomía e independencia en la interacción, y que no involucre la garantía en la capacidad técnica de quien presta el servicio, será sinónimo de riesgo. “La contratación de servicios genéricos o contratación de empresas “toderas” creará potenciales reclamaciones, por lo que es esencial que se conecten las áreas operativas y las legales, dejando trazabilidad acerca de la idoneidad del contratista y del esquema bajo el cual se tercerizan actividades en las empresas”.

En lo ambiental, Lina Correa, directora de derecho Ambiental, resalta el cumplimiento de la Ley 2173 de 2021 y la Resolución 1491 de 2025, que reglamenta las obligaciones de siembra de árboles por parte de las medianas y grandes empresas. “La incertidumbre respecto de cuándo inicia la obligación de siembra, los trámites que deben adelantarse y los lugares habilitados para el cumplimiento de la obligación, generan la necesidad de un acompañamiento legal y técnico”, dice.

Además, comenta que en los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental, las obligaciones de incluir en los estudios de impactos consideraciones de cambio climático y asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Escazú también representan riesgos y retos que pueden requerir el acompañamiento legal.

Por último, en materia de competencia, Mauricio Jaramillo, socio de esta área, señala que no ha habido mayores cambios regulatorios, pero sí hay novedades en la forma cómo las autoridades se aproximan a la regulación como entienden la regulación, y en la predictibilidad del entendimiento de las autoridades sobre la regulación. “Y este tema es fundamental para los empresarios, pues siempre quieren entender qué esperar de las autoridades, de sus riesgos, sus amenazas, etc.”.