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Uno de los temas que tiene toda la atención de los abogados son los cambios que se están planteando con la reforma laboral
Tercerización e intermediación laboral
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Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, se perderían R100.000 trabajos si se aprueba el proyecto
No para el debate sobre los efectos de la futura aprobación de la reforma laboral, radicada de nuevo en el Legislativo a finales de agosto. Uno de los puntos más importantes que se proponen en esta iniciativa del Gobierno Nacional es que desaparecerá la posibilidad de realizar contratos para obra o servicio determinado y solo podrá efectuarse un contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución del trabajador.
“Donde se apruebe así esta reforma me acabarían. Nosotros tercerizamos para cumplir a los clientes. Si esto se da, de los 53 empleados, pasaría a solo seis”.
“Esta reforma tiene un centro: que Colombia respete los estándares internacionales en materia de derecho individual, derecho colectivo y principios”.
Esta transformación genera un impacto claro para las compañías que brindan servicios temporales con consecuencias que los empresarios califican como nefastas. Es tan negativo el impacto, según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset, que con la reforma haría que se pierdan cerca de 100.000 empleos.
“Que a estas empresas no se les reconozcan su carácter de verdaderas empleadoras y no puedan terminar contratos como cualquier otro empleador en Colombia, es inconstitucional. Además, las empresas de servicios temporales son las únicas autorizadas por ley para enviar trabajadores en misión”, dijo Miguel Pérez García, presidente de Acoset.
Según el artículo 34 del proyecto, “son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva”.
La reforma plantea, en este mismo artículo, que “el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra lo pagado a esos trabajadores”.
Desde distintos sectores del empresariado se hicieron sentir las voces de protesta tras lo planteado por el Gobierno. Para Gonzalo Alfonso, CEO de Softline SA, que se dedica al desarrollo de software, con estos cambios compañías como la que él lidera, y muchas otras pequeñas empresas, estarían en riesgo de desaparecer si se aprueba el proyecto.
“A nosotros, que tenemos ingenieros especializados, tenerlos contratados en una empresa no es viable porque las compañías no necesitan tener a estos profesionales durante tiempo prolongado, sino por periodos cortos para hacer una determinada labor. Así se ofrece la tercerización. Esta reforma piensa solo en las empresas grandes. Y en Colombia la gran y mediana empresa no llega ni a 6%”, dijo Alfonso.
Según Acoset, las empresas de servicios temporales generan entre 500.000 y 600.00 empleos temporales. De ahí que la incertidumbre que se cierne sobre este tipo de compañías, y sobre las pequeñas empresas en general, es grande con la reforma propuesta por el Gobierno Nacional.
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