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La Cámara Colombiana de la Infraestructura, dio a conocer un decálogo de acciones con el que buscan impulsar el sector en el país
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), asociación gremial liderada por Juan Martín Caicedo Ferrer, dio a conocer un decálogo de acciones con el que buscan impulsar el sector y garantizar desarrollo del mismo, con acciones que trasciendan más allá de la política, reconozcan el sector privado como un gran aliado para el Estado y velando por la sana competencia entre otras.
Es así como el gremio que reúne a las empresas de la cadena de valor de la infraestructura en los sectores de concesionarios, constructores, consultores y proveedores, resaltó como primera acción indispensable para el avance del sector, concebir el desarrollo de infraestructura como una política de Estado, de largo aliento, que trascienda los ciclos políticos de los gobiernos de turno.
Entre las propuestas realizadas por cámara también se encuentra el reconocimiento al sector privado como un socio estratégico del Estado para seguir garantizando la modernización de la infraestructura del país.
“El rol de los constructores, concesionarios, consultores e interventores es, justamente, el de coadyuvar a la buena y eficiente ejecución, operación y mantenimiento de los proyectos estratégicos del país. Recordar, por lo demás que, a través del modelo exitoso de APP, el sector privado suple las necesidades de financiación de infraestructura pública en circunstancias de restricción fiscal, lo cual garantiza proyectos con altos estándares de calidad”, explicaron desde el gremio a través de un comunicado.
La integración de los diferentes modos de transporte (carretero, aeroportuario, portuario y ferroviario), así como la sana competencia en la adjudicación de los contratos de infraestructura, también aparecen en el decálogo de acciones propuestas por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Seguidos por la petición de entender la obra pública en infraestructura como un estímulo de crecimiento de las economías regional y nacional, así como preservar la institucionalidad.
En materia normativa el gremio explicó que se deben realizar algunos ajustes orientados a fortalecer la participación privada en la infraestructura pública, particularmente, en proyectos sociales (hospitales, centros educativos, cárceles, entre otros).
Y finalmente, entre las acciones expuestas en el decálogo se incluyeron garantizar la seguridad jurídica del sector para, de esa manera, generar un clima propicio para inversionistas nacionales y extranjeros, evitar que la contratación pública se convierta en un instrumento de estímulos particulares e impulsar la implementación de nuevas tecnologías en la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura.
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