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El alto tribunal argumentó que el uso de la tecnología no se puede calificar por sí solo como un medio desleal para desviar clientes
La Corte Suprema de Justicia determinó que la plataforma de movilidad Uber podrá seguir operando en el país, esto en respuesta a la demanda que realizó la empresa Comunicaciones Tech y Transporte S.A., operadora de la aplicación Taxis Libres, señalando a la aplicación por competencia desleal y solicitaban que fuera inhabilitada.
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación presentado por los taxistas después del fallo del Tribunal Superior. Con la sentencia SC370-2023, argumentó que el uso de la tecnología no se puede calificar por sí solo como un medio desleal para desviar clientes, reconociendo el aprovechamiento de los avances tecnológicos como un derecho humano reconocido.
Esto reitera la decisión que el Tribunal Superior de Bogotá había emitido en 2020, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio señalara que Uber sí representaba competencia desleal, y esto generara su salida temporal del mercado a finales de 2019.
El alto tribunal determinó que la demanda se presentó fuera de plazo, que en este caso es de dos años. La irregularidad habría comenzado en 2012, pero la demanda se radicó en abril de 2016.
“En conclusión, a la luz del artículo 23 de la ley 256 de 1996 los actos de competencia desleal, sin importar que sean continuados o instantáneos, prescriben transcurridos dos años desde que el legitimado identifica al infractor o, de todas maneras, transcurridos tres años luego de la realización de la conducta, por lo que el cargo resulta impróspero”, argumentaron.
En la resolución del conflicto, la Corte aprovechó para referirse a los retos que plantean las economías colaborativas para la justicia. Destacó que estas economías traen desafíos en materia de derechos laborales, pago de impuestos, y sana competencia, por lo cual hizo un llamado a los jueces para que tengan especial cuidado al evaluar eventuales reclamos de este tipo, considerando la complejidad técnica de la prestación de servicios y productos.
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Preliminarmente, se sabe que las sanciones estarían dirigidas a propietarios de empresas de transporte en Urabá y Chocó
Estas empresas juntas suman 4,45 millones de afiliados, cifra que es casi la mitad de las personas que hacen parte de las cajas de compensación, que se cuentan en 10,6 millones
