La Superintendencia de Sociedades convocó para el próximo 20 de abril de 2026 la audiencia de confirmación de los acuerdos de reorganización de Restcafé y Franquicias y Concesiones, compañías reconocidas en el mercado por operar las marcas OMA y Presto.

La decisión se adoptó mediante los autos 2026-01-151067 y 2026-01-151056, luego de que la promotora de ambas sociedades presentara los acuerdos entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Estos contaron con una votación favorable de 82% en el caso de Franquicias y Concesiones y de 76% en Restcafé.

Con los acuerdos, las compañías buscan reorganizar pasivos por cerca de $114.000 millones en el caso de Restcafé y $104.000 millones en Franquicias y Concesiones, en medio de sus procesos de insolvencia.

Durante la audiencia, el juez del concurso verificará la legalidad de los acuerdos, así como la existencia de obligaciones relacionadas con seguridad social y retenciones de carácter obligatorio, como paso previo a su eventual confirmación.

“El acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite preservar unidades productivas relevantes y proteger el empleo”, señaló Billy Escobar, superintendente de Sociedades, quien agregó que la entidad mantiene su compromiso con la estabilidad del tejido empresarial del país.

El proceso

Hace casi tres años, la Superintendencia de Sociedades informó que ambas empresas fueron admitidas en proceso de reorganización empresarial, tras haber radicado la solicitud el 29 de mayo de ese año.

En ese momento, las compañías explicaron que la decisión buscaba formalizar acuerdos con proveedores, acreedores y arrendadores, con el fin de mantener la operación y continuar ofreciendo productos y servicios a nivel nacional.

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Compañías Oma y Presto fueron admitidas en proceso de reorganización empresarial

En su momento, Presto representaba 5,1% del mercado de hamburguesas, mientras que Oma alcanzaba 4% en el segmento de cafeterías.

Al justificar la solicitud, señalaron que enfrentaban un entorno macroeconómico adverso, marcado por altas tasas de interés, inflación, incremento en los costos de insumos y una caída en la demanda del consumo, factores que impactaron su desempeño.

Según indicaron, acogerse a la Ley 1116 les permitiría reorganizar sus obligaciones, proteger la continuidad del negocio y preservar el empleo, garantizando además el pago de salarios y prestaciones sociales durante el proceso.

Pese al contexto, las empresas reiteraron en ese momento su confianza en el mercado colombiano y aseguraron que su objetivo era fortalecer la operación y mejorar la experiencia para los consumidores.