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Billy Escobar, Superintendente de Sociedades
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Entre los logros del proceso se encuentra el pago de 100% de las acreencias laborales, así como la enajenación de activos no gravados por más de $16.600 millones
La Superintendencia de Sociedades informó los avances del proceso de liquidación judicial de Almacenes La 14 destacando hitos clave que buscan garantizar los derechos de los acreedores y trabajadores.
Entre los logros del proceso se encuentra el pago de 100% de las acreencias laborales, que superaron los $6.000 millones, así como la enajenación de activos no gravados por más de $16.600 millones, contribuyendo a la formación de la masa de liquidación. El inventario actualizado registra un activo neto de $652.557 millones y un pasivo de $621.202 millones.
En el marco judicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, denegó el 18 de febrero de 2026 la solicitud de un grupo de acreedores que buscaba invalidar la recalificación de ciertos créditos garantizados. El fallo confirmó que, ante la inexistencia de los derechos fiduciarios sobre el Patrimonio Autónomo FC‑La 14, los acreedores debían ser reconocidos como quirografarios, y que no hubo vulneración del debido proceso.
Posteriormente, el 23 de febrero de 2026, mediante el Auto 2026-01-072369, se ordenó la consolidación patrimonial de Almacenes La 14 y Calima Desarrollos Inmobiliarios, tras comprobarse operaciones sin legitimidad económica que afectaron la prenda general de los acreedores. Entre estas se incluyeron transferencias de activos estratégicos a valores inferiores, contratos de arrendamiento onerosos y el uso de bienes para financiar operaciones en beneficio exclusivo de Calima, lo que configuró un vaciamiento patrimonial.
Con esta medida, los activos y pasivos de ambas sociedades se administrarán como una única masa concursada, fortaleciendo la protección del crédito y permitiendo que los gastos de administración se cubran con cargo al patrimonio consolidado.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que “la consolidación patrimonial constituye una herramienta excepcional del régimen de insolvencia que se aplica únicamente cuando los hechos demuestran un impacto real sobre la masa de acreedores, garantizando la distribución de los recursos conforme a la ley”.
La Superintendencia reiteró su compromiso con la transparencia, el rigor técnico y la defensa del interés general.
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