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Cargos a empresas arroceras.
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Las empresas habrían infringido el pago mínimo al productor aprobado en el marco del régimen de libertad regulada
Siete empresas molineras están en riesgo de recibir multas por más de $3.500 millones a causa de presunto pago inferior al precio mínimo estipulado para los productores de arroz.
Se trata de Agroindustria Sismar, Agrointegral Andina, Arrocera Don Llano, Arrocera Formosa, Coproarroz del Llano, Estación Agrícola y Villarroz.
En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, formuló los primeros cargos por lo que sería un incumplimiento al régimen de libertad regulada, con el que el Ministerio de Agricultura definió, desde 2025, los precios mínimos de adquisición para las zonas del Bajo Cauca, Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes.
El régimen de libertad regulada fue un paliativo para atender la problemática estructural del mercado arrocero y su desbalance entre oferta y demanda (se produce más de lo que se consume) y en épocas de gran cosecha, los precios se hunden y dejan pérdidas al productor.
Para verificar el cumplimiento del régimen, durante enero y abril de 2026, la SIC realizó visitas de inspección a empresas y establecimientos del sector arrocero.
En estas diligencias y también mediante requerimientos posteriores, la entidad indicó que “recaudó información contable, financiera y comercial relacionada con las compras efectuadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025”.
Y agregó: “Al comparar los precios efectivamente pagados a los productores con el precio mínimo fijado para cada zona productiva, la SIC encontró indicios de que algunas operaciones se habrían realizado por debajo del valor regulado”.
Algunas de las investigadas se adhirieron al acuerdo de estabilización autorizado por la SIC. Sin embargo, según el análisis preliminar, las operaciones objeto de los cargos se habrían realizado en periodos no amparados por dicho acuerdo y, por tanto, debían observar el precio mínimo fijado por el Ministerio de Agricultura.
Los procedimientos administrativos sancionatorios se encuentran en etapa de formulación de cargos y aún no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los investigados. Cada uno cuenta con 15 días hábiles, contados desde la notificación del acto administrativo, para presentar los descargos.
La Superintendencia notificó que, si una vez concluidas las investigaciones y garantizado el debido proceso, se comprueban las infracciones, podrá imponer las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, entre ellas multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales, equivalentes a más de $3.500 millones.
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