MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Oficinas de Tigo, empresa de la que EPM tiene 49,99% y Millicom 49,98%
La empresa con 49,98% de Tigo insistió en la necesidad de recapitralizar a la compañía por más de US$150 millones entre ellos y EPM
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, encendió un debate en redes sociales luego de mencionar que Millicom, empresa que tiene 49,98% de Tigo, "con los mejores abogados del mundo" según él, busca 98% de la empresa. Hoy en día, el restante de la compañía de telecomunicaciones lo posee EPM con 49,99%.
"Millicom, una extranjera llevó a una dulición forzosa a EPM para quedarse con 98% de la compañía y EPM con 2%, sin poner un solo peso en una votación a la que se opuso EPM sin pasar por el Concejo". Por eso mismo fue la propia empresa con sede en Luxemburgo, la que respondió y señaló que "en dicha Asamblea, se reafirmó la necesidad de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto equivalente a US$150 millones y se instruyó a la Junta Directiva de TigoUNE para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas".
De hecho resaltaron que la capitalización no representa una dilución, "para los accionistas que aporten capital" dando a entender que esa condición sería solo para EPM en caso de que sí contribuya a ese plan.
"La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria". E insistieron en que se trata de una inyección de capital necesaria en la que desde el principio se propuso ejecutarla en partes iguales.
Un sondeo de Deloitte indica que 60% de los potenciales compradores todavía no ha adquirido los regalos de temporada y 25% considera que las redes sociales influyen
La región Bogotá - Cundinamarca agrupó 56,72% de los ingresos, seguida por Antioquia (14,86%) y la Costa Atlántica (12,38%)
La normativa, tal como está planteada, podría provocar una crisis que amenaza 250.000 empleos y la operación de 70.149 viviendas turísticas formales