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El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Samuel Tcherassi, instauró ante la Procuraduría General de la Nación una petición de vigilancia especial luego del lío que se produjo cuando un juez tumbó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de invalidar las elecciones de la junta.
De acuerdo con un comunicado de Tcherassi, existen “presiones” y un posible desacato por parte de la Superintendencia del fallo del Juez 22 Civil Municipal que dejó sin efectos las resoluciones con las que quedaron sin piso las elecciones de los integrantes de la junta directiva.
Y es que según Tcherassi, esas resoluciones “buscaban favorecer a la anterior administración, que actualmente se encuentra investigada por la Contraloría General por un faltante de 30 mil millones de pesos”.
Por eso, en su criterio, si no se cumple con el fallo de tutela la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José Vengoechea podría pagar hasta seis meses de arresto por desacato. No obstante, el Superintendente, Pablo Felipe Robledo, señaló a El Heraldo de Barranquilla que apelará la decisión del juez 22 Civil Municipal.
Cabe recordar que el reparto del proceso a ese juzgado fue cuestionado incluso por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, quien señaló la existencia de un presunto fraude a la hora del reparto a través de manipulación de bases de datos.
La entidad formuló pliego de cargos en contra de Olímpica S.A., Bella Piel S.A.S., Bigfoot Colombia S.A.S. (Dafiti), Huawei Technologies Colombia S.A.S. y Nalsani S.A.S. (Totto)
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El crédito está en pesos y tendrá un plazo de pago de siete años y una tasa de interés basada en el indicador IBR, afirmó la Superfinanciera
