Perdemos todos sino protegemos patrimonio público de EPM, Jorge Andrés Carrillo

Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Gerente general de EPM

El patrimonio público es el valor de lo nuestro, del bien común. Por eso, luego de un amplio debate en las sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, en las que participamos activamente durante agosto pasado, en EPM seguimos en la misión de la defensa del patrimonio público a través del Proyecto de Acuerdo No.65 de 2021 que busca la venta de la participación accionaria de la Empresa en UNE e Invertelco. Continuamos el diálogo y la discusión en el Concejo de la ciudad con el propósito de que este proceso finalice con la mejor decisión: la venta de nuestra participación accionaria no controlante.

Durante los últimos meses, hemos hecho un importante proceso de socialización con diversos grupos de interés, reuniéndonos con las universidades, los empresarios, los gremios económicos, los sindicatos, las organizaciones sociales y nuestros funcionarios, nos presentamos con toda la información que nos solicitaron, abiertos a explicar el camino que se debe tomar y entregando nuestro mensaje, cada vez más contundente, a más sectores de la sociedad. Estamos convencidos de que estamos actuando por la senda correcta y pensando en el futuro de EPM y de la ciudad.

¿Por qué es relevante para EPM esta enajenación?

La enajenación de las participaciones no controlantes de EPM en UNE e Invertelco es importante porque de no aprobarse estaríamos dejando recursos cuantiosos invertidos en una compañía en la cual no tenemos control y si bien su desempeño empresarial es óptimo, la rentabilidad como inversionista es inferior al portafolio de nuestras filiales controladas.

Porque para EPM la aprobación de este proceso de venta por parte del Concejo de Medellín es un paso necesario para avanzar en las siguientes etapas de acuerdo con la Ley 226 de 1995. Todo este trámite puede tomar más de dos años y si no empezamos ahora el proceso, podríamos perder la posibilidad de hacer efectiva la cláusula de protección del patrimonio público que vence en agosto de 2024. Estamos ante el tiempo justo.

Porque el de telecomunicaciones es un sector de grandes jugadores globales, competido e intensivo en inversión debido a las actualizaciones tecnológicas.

Porque proteger lo público también pasa por no aumentar el riesgo de la Empresa en un negocio como este.

Porque necesitamos los recursos. Con la reciente actualización de la inversión del costo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango en $2,1 billones, se hace necesario buscar fuentes de financiación para su culminación exitosa.

Porque estamos ejecutando el Plan de inversiones en infraestructura más ambicioso en la historia de EPM, que entre 2021 y 2023 asciende a $11,2 billones. Obras que se traducen en desarrollo para los territorios, generación de empleo, transformación de vidas y aporte a la reactivación económica del país en una de las épocas más retadoras de la humanidad.

Porque en el futuro, si el negocio de telecomunicaciones requiere de una capitalización, tendríamos que escoger entre invertir en nuestros negocios estratégicos como el Agua para potencializarlo y evitar su obsolescencia, o capitalizar a UNE para evitar que se ponga en riesgo su continuidad u operación. Es una decisión imposible de realizar.

Porque consultores expertos como McKinsey en 2017 y Oliver Wyman en 2018 recomendaron a EPM enfocarse en sus negocios propios, y propusieron como una de las rutas de financiación la desinversión en activos no estratégicos como UNE.

¿Qué pasa entonces si no se logra la autorización por parte del Concejo?

El principal afectado es la ciudad, ya que mantendremos los recursos invertidos en una empresa que actúa en un sector de mayores riesgos, no estratégico para EPM y sin el control, lo que evitará que se generen más rentabilidades para que sean redistribuidas e invertidas en la ciudad. Además, es un sector donde no es necesario ni adecuado la presencia de capital estatal, como se evidencia en la composición accionaria de las principales empresas de telecomunicaciones de América Latina.

Además, si se tuviera que capitalizar a UNE para efectuar las inversiones propias de su negocio, EPM no está en dicha capacidad y existe la posibilidad que deba destinar recursos para ello sacrificando inversiones en agua, energía, gas y residuos sólidos en todos nuestros territorios.

La cláusula de protección de patrimonio público, en últimas genera que el valor que se pueda recibir por nuestra participación sea el adecuado, siendo un precio justo y de mercado, si se inicia ahora el proceso de venta. Si se deja esta decisión para después, ocasionando que no se haga la enajenación antes de 2024, puede tener como consecuencia que esa expectativa se vea reducida, en la medida que es altamente probable que no exista la demanda para adquirir un activo sin control, donde Millicom tendría menos interés en comprar, dado que no tendría la obligación de venta conjunta con EPM, es decir la consecuencia es la potencial pérdida de valor del patrimonio de EPM al otro día que se venza la cláusula.

¿Qué tendría que hacer EPM si es negado el Proyecto de Acuerdo?

EPM entra en un dilema muy fuerte, porque tendríamos que buscar otra alternativa de desinversión que sería una filial en el exterior, que genera más rentabilidad para nuestro grupo empresarial que UNE y poder de esta forma avanzar en el Plan de inversiones o, eliminar inversiones estratégicas en nuestros negocios actuales, aplazando programas como el de la universalización de los servicios.

Por lo tanto, la decisión de esta enajenación no puede recaer en análisis y argumentos políticos a costa de un patrimonio de tanto valor como EPM, y así debe quedar en la constancia histórica de nuestras actuaciones como servidores públicos.

Para EPM es muy importante contar con el respaldo y la confianza de todos sus grupos de interés antes, durante y después de este proceso de enajenación, por eso les hablamos con la claridad y la tranquilidad de que los estudios y análisis nos respaldan en que el camino de la venta de la propiedad que tenemos en UNE es fundamental para la protección del patrimonio público, el bienestar y el desarrollo de los territorios donde hacemos presencia y la calidad de vida de la comunidad. Es la opción responsable con el capital público y el futuro de EPM.