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Gloria Polanía, interventora de Nueva EPS.
Entre las IPS con un mayor número de procesos de embargo que cursan en el mencionado juzgado figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti u Oncólogos del Occidente
Un juzgado de Caquetá ordenó la reanudación de un proceso de embargo por más de $422.466 millones contra Nueva EPS, una medida que, según la entidad y autoridades del sector, compromete directamente los recursos destinados a la atención de sus más de 11 millones de afiliados a nivel nacional.
La decisión fue proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, que concentra 45,9% de todas las demandas ejecutivas interpuestas contra la EPS en el país. Este despacho ha sido señalado por la prestadora de salud como el epicentro de una serie de medidas cautelares que buscan acelerar el pago a Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) a través del embargo de cuentas.
El equipo interventor de Nueva EPS calificó el hecho como "de gran preocupación", al argumentar que la medida judicial afecta el flujo de recursos del sistema y, en consecuencia, el funcionamiento financiero y operativo de la entidad.
La controversia central radica en la naturaleza de los fondos embargados. Tanto la Agente Interventora de Nueva EPS como la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y la Adres han sido enfáticos en que estos recursos son inembargables.
"Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, tienen una naturaleza parafiscal y son inembargables, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001", señaló la EPS en su comunicado.
Según la normativa vigente, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) tienen una destinación específica y no pueden ser desviados para otros fines, ni siquiera por orden judicial. La afectación de estos fondos, según las entidades, "no solo vulnera el orden jurídico, sino que compromete gravemente el patrimonio público y, en consecuencia, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud".
Entre las IPS con un mayor número de procesos de embargo que cursan en el mencionado juzgado figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., la Clínica Uros S.A.S. y la Fundación Cardio Infantil.
La medida enciende nuevamente las alarmas sobre el uso de vías judiciales para presionar el pago en el sector salud y genera un debate sobre la protección de los recursos públicos y la estabilidad de uno de los principales aseguradores del país.
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