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El funcionamiento de los equipos después de hurtados y la relación de este tipo de robo con las lesiones personales y la muerte de las víctimas fueron algunos de los argumentos utilizados en la denuncia.
Ante la acusación la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, en cabeza de Claro, Movistar y Tigo mostró su rechazo en un comunicado de prensa este domingo. “Cualquier afirmación sobre presuntas conductas ilícitas genera, más allá de un evidente daño a la imagen de las compañías representadas por ésta asociación, confusión en los usuarios sobre la realidad de las acciones que en conjunto se vienen adelantando con las autoridades”.
En el mismo comunicado se explica que el gremio ha trabajado conjuntamente con entidades estatales para sopesar el problema del robo de teléfonos, para el cual mantienen un diálogo permanente entre los diferentes actores y el Gobierno Nacional, para construir acciones que eviten el hurto. Igualmente reiteraron el llamado permanente a los usuarios para que denuncien y reporten ante las empresas el hecho, con el fin de que los equipos no se puedan volver a registrar en ningún operador local.
El proceso, iniciado en 2016 bajo la figura de toma de posesión, se abrió tras evidenciarse que la sociedad y personas vinculadas recibieron recursos del público sin autorización legal
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