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Se trata de un mercado que mueve más de $560.000 millones anuales y que, de acuerdo con información de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en los últimos 15 años ha registrado ventas por más de $7,7 billones en la comercialización de más de 11.300 millones de pañales.
“Al mirar estos montos hay que tener en cuenta que, una gran parte no proviene de la libre competencia entre las empresas que ofrecen el producto donde deben primar los beneficios. Sino que, al contrario, es producto de acuerdos de precios en los que, aunque el consumidor salía perdiendo, debía seguir comprando por la necesidad del producto”, comentó Carlos Rodríguez, especialista en empresas.
En el país son más de dos millones los bebés que utilizan unos 1.088 millones de pañales cada año, de los cuales 96% pertenece a marcas de las cinco empresas investigadas actualmente por cartelización empresarial: Tecnoquímicas-Tecnosur, con 41% de participación y las marcas Winny y Ultratrim; Familia, con una intervención de 28% y la marca Pequeñín; Kimberly, con participación del mercado de 21% y la marca Huggies; y Drypers, con intervención de 6% y la marca Baby Sec.
“Las empresas caen en la cartelización por la búsqueda de rentabilidad al querer mantener estándares de las casas matrices o de sus mismas directivas. Ganar mercado no se logra mediante la calidad del producto, la mejor publicidad o la preferencia del público, sino que los precios se mantienen bajo unos mismos parámetros para todas las firmas implicadas”, agregó Rodríguez.
En agosto de 2014, mediante la Resolución número 47965, la SIC formuló pliego de cargos contra las compañías ya mencionadas y también contra 44 personas naturales. Esto, luego de realizar visitas administrativas de inspección en las que recaudó material probatorio que confirmaría la cartelización. El proceso dio “con la efectiva suscripción de dos acuerdos de colaboración por delación, según los cuales, una de las empresas delatoras recibirá la exoneración total de las posibles sanciones a imponer y la otra la exoneración parcial”, indicó la SIC en ese entonces.
“El propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otra que sanear nuestra economía de prácticas anticompetitivas que redundan en perjuicios contra el bienestar general de los consumidores, fundamentalmente contra el bolsillo de aquellos menos favorecidos, y también contra el buen funcionamiento de los mercados”, dijo Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.
Entre las pruebas que tiene en su poder la SIC hay más de 700 correos electrónicos, más de 30 declaraciones y constancias de más de 20 reuniones. Las sanciones que podrían acarrear las empresas responsables son de hasta 100.000 salarios mínimos (más de $68.900 millones) y las personas naturales de hasta 2.000 salarios mínimos.
Luego del informe motivado, el caso pasará al Consejo Asesor de Competencia, quien le emitirá una última recomendación a Robledo para que tome la decisión final entre mayo y junio.
La opinión
Pablo Felipe Robledo
Superintendente de industria y comercio
“El propósito de la lucha contra la cartelización empresarial no es otra que sanear nuestra economía de prácticas anticompetitivas”.
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