Las trabas que frenan el uso de drones en la seguridad privada

Comprar un dron en una tienda de tecnología puede ser cuestión de minutos. En Colombia, este mercado mueve más de US$300 millones al año, con compras de hasta 13.000 dispositivos por parte de empresas y particulares, según Next Move Strategy Consulting. Sin embargo, ponerlos a operar legalmente en una empresa de vigilancia privada exige superar una cadena de requisitos ante dos entidades. Mientras los grupos criminales adaptan equipos comerciales para vigilar y lanzar explosivos, las compañías que buscan incorporarlos a sus servicios enfrentan trámites que, según Fedeseguridad, pueden tardar años.

Ese desequilibrio es una de las preocupaciones de Raquel Garavito, presidenta ejecutiva del gremio, quien advierte que las exigencias administrativas frenan la incorporación de herramientas para proteger personas e instalaciones. “La delincuencia va más rápido que la política pública que permite usar la tecnología”, señaló. Para la dirigente, las barreras aparecen cuando las empresas intentan convertir la compra de un equipo en un servicio autorizado.

Según la ruta que presenta Fedeseguridad, una compañía necesita cumplir al menos siete requisitos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Aerocivil. El recorrido incluye habilitaciones de la empresa, registro de aeronaves, certificaciones, acreditaciones del personal, inclusión de equipos y autorizaciones de vuelo. Tener el dron disponible, por tanto, no significa poder desplegarlo inmediatamente para atender a un cliente.

El punto de partida es contar con licencia de funcionamiento vigente y autorización para prestar servicios con medios tecnológicos. También se requiere registrar los equipos ante la Aerocivil y obtener el certificado de explotador de sistemas de aeronaves no tripuladas, UAS, en categoría específica. A esto se agregan los requisitos de formación del personal y seguridad operacional.

Después, la compañía debe solicitar ante la Supervigilancia la inclusión de los equipos, relacionando aeronaves, pilotos e instalaciones. Los dispositivos deben coincidir con los registrados ante la Aerocivil. Esa inclusión tampoco equivale a un permiso general para volar: se necesitan las autorizaciones operacionales correspondientes. La Circular Conjunta 001 de 2025 establece el procedimiento para prestar vigilancia privada con estos sistemas. Para Garavito, los tiempos de respuesta profundizan la brecha frente a quienes actúan por fuera de la ley. “La superintendencia se demora en sacarte un permiso un año y hasta dos años”, afirmó. La dirigente cuestiona que las empresas deban esperar esas autorizaciones mientras los delincuentes adquieren tecnología comercial y la utilizan sin cumplir las obligaciones que exige una operación formal.

La discusión ocurre mientras crecen los ataques. La Fundación Ideas para la Paz, FIP, reportó 716 acciones con drones registradas por la Fuerza Pública entre 2023 y el 1 de octubre de 2026. De ese total, 318 corresponden a este año, con un promedio cercano a un hecho cada 20 horas. Los equipos comerciales se han convertido en herramientas para ampliar la capacidad de los grupos armados.

El acceso comercial, sin embargo, no significa que su importación carezca de controles. Desde el 11 de enero de 2026, la Resolución 000242 de 2025 exige declaración anticipada para importar drones y sus partes, restringe su ingreso a El Dorado y los puertos de Cartagena y prohíbe introducirlos mediante tráfico postal y envíos urgentes. Por eso, comprar en una plataforma extranjera no garantiza recibirlos por mensajería convencional.

El cuestionamiento del gremio se concentra en las condiciones para utilizarlos. El sector sigue regido por el Decreto Ley 356 de 1994, expedido hace 32 años. “Cuando se creó, no estábamos pensando en la IA, no estábamos pensando en los drones, no estábamos pensando en los ciberataques”, manifestó Garavito, quien considera necesario ampliar las posibilidades de actuación de las empresas.

Incluso después de obtener las habilitaciones, existen límites: los drones de vigilancia solo pueden captar imágenes o datos relacionados con el servicio. No están autorizados para transportar artículos, armas o mercancías peligrosas. Además, el tratamiento y la transmisión de los registros deben respetar las normas de protección de datos personales, otro frente que las compañías deben resolver para operar.

La propuesta de Fedeseguridad es modernizar el marco del sector para incorporar drones, sistemas antidrones y ciberseguridad como servicios regulados, con estándares mínimos y supervisión coordinada. El objetivo es agilizar la adopción de tecnología por las empresas habilitadas, mientras las autoridades mantienen el control sobre su operación y enfrentan el uso criminal de estos equipos.

La inversión va más allá del dron

A los trámites se suman los costos que deben asumir las compañías para integrar estos equipos a sus operaciones. Garavito explicó que la inversión no termina con la compra del dron: también se requieren servicios de conectividad y mecanismos para transmitir la información captada durante los recorridos. Esto cobra relevancia cuando se busca compartir los registros con la Fuerza Pública y convertirlos en un apoyo para atender incidentes. Así, la decisión de incorporar esta tecnología depende tanto del precio de la aeronave como de los recursos necesarios para mantenerla operativa y aprovechar sus imágenes.