La SIC ha triplicado el número de funcionarios para proteger al consumidor

¿Cómo han sido estos cuatro años y medio al frente de esta difícil entidad?
Estos cuatro años y medio han sido muy interesantes sobre todo porque en la superintendencia lo que finalmente ha ocurrido es un proceso de grandes transformaciones. Cuando empezó el gobierno del presidente Santos, el presupuesto de la entidad era de $38.000 millones. Hoy tenemos $160.000 millones. Había 400 personas trabajando, ahora son 1.303, tres veces más. 

¿Cómo empieza a buscar información de las malas prácticas de las empresas?
Ahí también ha habido una gran transformación que en buena medida ha obedecido a una estrategia de difusión de esa política pública. Nuestros grandes aliados han sido los medios de comunicación de sacar las investigaciones de los expedientes y ponerlos a disposición de la gente para que todo el mundo en Colombia empiece a coger conciencia de que hay unos consumidores que se deben respetar. 

Hablemos una industria cualquiera en general, algunas empresas a veces sea agremian para buscar beneficios comunes, ¿hasta dónde es legal y hasta dónde va la frontera?
Son cosas absolutamente distintas y se lo pongo en términos del deporte. Dos equipos de fútbol se pueden ir a una ciudad donde van a jugar un partido de fútbol en el mismo avión y pueden ir al mismo restaurante, pero, eso no les da derecho a cuadrar el partido que van a jugar. Entonces hay unos escenarios gremiales o no gremiales donde los empresarios pueden hablar de ciertos temas. Pero eso es absolutamente distinto conspirar en contra el sistema económico. Cuando los empresarios se ponen de acuerdo para fijar el precio irregular de un producto es una conducta que es violatoria de la libre competencia.

¿Qué concluye de la historia del cartel de los pañales?
Yo creo que no solo el cartel de los pañales, porque eso que usted pregunta del cartel de los pañales es bastante predicable al papel higiénico y los cuadernos, que son las tres grandes investigaciones sobre bienes de consumo masivo que involucran delatores, empresas multinacionales, multilatinas y colombianas muy importantes y hasta muy queridas por los colombianos. Ahí logramos demostrar que seríamos implacables contra cualquier empresa que violara la libre competencia sin importar quien fuera. Una decisión aún más importante que creo que mostró lo que venía y que ayudó mucho a que esos procesos de relación se dieran fue el caso de Comcel cuando nosotros propusimos una multa $87.000 millones.

Ya que habla de telecomunicaciones, usted se metió a investigar cosas que anteriormente no existían, ¿cuál es su conclusión?
En el tema de telecomunicaciones hemos tenido todo tipo de actuaciones y de una u otra manera hay que diferenciarlo. Fundamentalmente, las de telefonía móvil en el que han venido violando los derechos de los consumidores, diríamos nosotros, de reclamaciones individuales recibimos entre 30.000 y 40.000. De investigaciones administrativas donde nosotros sancionamos, hay miles que en los últimos años las sanciones suman alrededor de $30.000 millones al año, multiplicado por casi cinco años que llevo acá, son $150.000 millones. 

¿Usted cree que el consumidor es el que manda la parada?
Yo lo veo así. Nosotros claro que hemos tomado una gran cantidad decisiones para proteger al consumidor, pero también a los empresarios, quienes son los más perjudicados con los carteles empresariales que termina comprando materia prima más cara. Y si compran materia prima más cara pues es ineficiente su proceso productivo e incluso puede llevar a la quiebra porque por tener una economía cartelizada en sus proveedores su producto final es carísimo. No puede competir por ejemplo con productos traídos del extranjero y no porque él sea mal empresario, sino porque arriba de él hay una gente cartelizada y eso explica por qué la inmensa mayoría de quejas por prácticas anticompetitivas y denuncias son radicadas por empresarios.

Usted  busca  descubrir carteles en los procesos licitatorios. ¿Hasta dónde puede llegar la superintendencia allí?
Uno tiene que ser autocrítico con su trabajo y tiene que ser autocrítico con las instituciones que representa. En materia de colusiones en licitaciones públicas nosotros hemos fallado casos. Un caso en Arauca, Idipron en Bogotá, un caso de Nariño, en la investigación del Grupo Nule y tenemos seguridad privada, el presunto cartel de la seguridad privada. Claro que tenemos actuaciones de prácticas anticompetitivas en las licitaciones públicas, pero hemos tenido resultados francamente aislados y con esos resultados no se construye una política pública ni se mandan mensajes a la sociedad. Nosotros teníamos 10 personas trabajando en colusiones en licitaciones públicas. Hoy tenemos 60, lo que nos permite conocer qué está ocurriendo en las licitaciones.