La Riviera se somete al control de Supersociedades

Por medio de un comunicado de prensa, anunció que tomó la decisión para “garantizar la transparencia en las operaciones en Colombia y de brindar protección a los empleados y acreedores de las mismas”. Además, manifestó que el bufete de Jaime Granados Peña & Asociados asumió la representación de sus intereses jurídicos.

Sebastián Montoya, asociado director del departamento de Derecho Corporativo de Lloreda Camacho & Co, explicó que en términos generales, el control es el nivel más severo de supervisión que la Superintendencia  puede ejercer. Según el analista, podría inclusive ordenar la remoción de los administradores y empleados de la sociedad, en caso de que estos  incumplan las órdenes de la referida entidad, la Ley o los Estatutos (como está en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995).

Según se plasmó en este reglamento, además, se podrá solicitar que la sociedad se liquide así no esté en cesación de pagos y, además, obliga a la compañía a requerir la autorización de la Superintendencia en algunas actuaciones como la reforma de estatutos.

Una vez más, el grupo volvió a desmentir cualquier relación con Nidal Waked y reiteró que “no ha sido accionista de las sociedades” y tampoco ha hecho parte de su dirección. 

Y es que Waked no solo fue capturado en Colombia a principio de este mes, acusado de lavado de dinero, sino que también es el sobrino de Abdul Waked, presidente del Grupo Wisa, dueño de La Riviera. Ambos fueron incluidos por Estados Unidos en la Lista Clinton, al igual que 68 compañías del Grupo, entre ellas La Riviera con sede en Panamá. 

Sobre este tema, en el comunicado de prensa, la compañía manifestó que el Departamento del Tesoro es el único que puede determinar “qué empresas y/o empresas jurídicas son incluidas en la Lista” y añadió que “emitir juicios de valor sobre lo que implica estar en la Lista corresponde únicamente al gobierno de Estados Unidos. Afirmaciones emitidas por otra fuente son especulaciones”.

La Riviera insistió en que su prioridad será proteger a la empresa y a sus 1.000 empleados.