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Sandra Morelli anunció que abrió un proceso por la presunta responsabilidad fiscal en la que incurrieron empresas como Sanitas, Saludcoop, Cormedica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SuSalud, Cruz Blanca, Cafesalud y Compensar, por concepto de recobros al Fosyga.
Morelli señaló que la responsabilidad fiscal en la que eventualmente habrían incurrido las EPS es “consecuencia de la conducta que fue identificada en su momento por la Superintendencia de Industria y Comercio y que dio lugar a que se hablara en esa providencia del cartel de las EPS para ponerse de acuerdo en los precios de los medicamentos y recobros”.
"La contraloría concuerda con lo afirmado por la Superintendencia”, aseveró. La cuantía asciende a los $1,8 billones por lo que el ente de control considera que se causó un daño fiscal, “porque se incrementó un costo a cargo del recurso público en la prestación del servicio de salud".
El proceso se inicia, de acuerdo con Morelli, “contra las personas que lideraron y aprobaron ese acuerdo cuya recurrencia prueba la SIC, que en algunos casos eran los representantes legales de las EPS”.
Los acuerdos restrictivos de la competencia tienen que ver con consensos al interior de la agremiación con miras a la exclusión de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS), que ya habían sido cubiertos financieramente por vía de la Unidad de Pago por Capitación; así como afectación a la debida transparencia en el mercado de aseguramiento en salud, materializada en la circulación de información entre las EPS y Acemi y que debía reportarse a los entes regulatorios para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y de notas técnicas; información esencial para competir en el mercado.
Fallo contra Caprecom
La Contralora anunció, además, que encontró responsable, en primera instancia, a Caprecom por el no pago de servicios de atención en salud al hospital público Hernando Moncaleano, de Neiva, Huila.
La Contraloría evidenció que Caprecom remitía al hospital para atención a usuarios del régimen subsidiado pero no realizó el pago entre los años 2008 y 2012. “Se abstuvo de pagarle a la IPS del hospital de Neiva a pesar de que el servicio había sido prestado efectivamente por el hospital”, señaló.
En consecuencia, -dijo- se considera que podría haber responsabilidad fiscal a cargo de los funcionarios vinculados a Caprecom que no pagaron el recurso que asciende a los 10 mil millones de pesos.
Ese dinero “fue destinado a otra actividad u otra empresa prestadora del servicio”, puntualizó.
El órgano de control aseguró que la operación de la empresas continuará con normalidad y que ningún empleado será retirado
El acuerdo les permite a las partes intercambiar conocimientos y facilitar las prácticas profesionales de los estudiantes
América Móvil había anunciado a principios de año que en Colombia habría un despliegue de nuevas redes 5G y renovación de licencias
