Ingenios habrían impedido precios bajos al consumidor

La presunta conformación de un cartel entre los ingenios azucareros que operan en el Valle del Cauca y norte del Cauca, con el fin de bloquear la entrada de azúcar proveniente del exterior y aumentar el precio en el mercado interno (investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio), advierte un escenario donde los consumidores terminan siendo los grandes perdedores.

Expertos consultados por LR indican que aunque IPC del azúcar (índice de Precio del Consumidor), revelado por el Dane, muestra una variación del 7,5 % a diciembre de 2012 por cuenta de la caída en el precio internacional del azúcar, los consumidores debieron percibir una mayor reducción en el valor final del alimento que es vital en la canasta familiar.

Eduardo Sarmiento, director de Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, explica que la motivación fundamental de las empresas que conforman carteles es subir los precios. “Lo que hacen es que limitan la producción e importación para generar una cierta escasez y generar un incremento en los precios”.

Por su parte Gonzalo Palau, profesor de economía de la Universidad del Rosario, señaló que si bien los precios del azúcar han caído, sin la existencia de esta alianza que estaría controlando tales precios lo más seguro es que la caída se mantenga, pero por razones de oferta y demanda. El problema con esto, según el experto, es que puede ocasionar que no lleguen más competidores al mercado.

En caso de que el proceso que se lleva a cabo en la SIC se termine declarando que existió violación a las normas de libre competencia, los jugadores del sector azucarero implicados (doce ingenios y 18 personas naturales) podrían verse sometidos a una sanción financiera que en el país, según la Nueva Ley de Competencia- 1340 de 2009, es hasta por 100.000 salarios mínimos, es decir, hasta $58.950 millones; y a las personas naturales que actúan en representación de quienes infrinjan esas disposiciones, hasta $1.179 millones.

Al respecto, el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro, señaló que las empresas del sector realizan sus actividades con apego a las normas jurídicas que las regulan “En este sector no se ha formado como un “cartel” que adelante prácticas ilícitas o delictivas de ninguna índole. Tal referencia constituye una injustificada ofensa a quienes por más de un siglo se han dedicado al desarrollo socioeconómico de Colombia”, dijo Londoño Capurro.

De acuerdo a un monitoreo por países realizado al precio que el consumidor paga en la grandes superficies, Colombia ocupa el séptimo lugar de la región. El ranking lo lidera Uruguay con un precio final de US$1,75, seguido de Perú con un precio de US$1,54, Argentina, US$1,50; Brasil Chile y Colombia con precios entre US$1,29 y US$1,11.

Otros casos de cartel
La competencia tipo cartel también se ha presentado en sectores diferentes al agroindustrial. El caso más reciente fue el de un oligopolio formado en 2004 por las firmas cementeras, que se unieron para competir con la compañía Andino, que operaba en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, espacio en el que tenía el 90% de su mercado.

Fue así como Holcim, Argos y Cemex ingresaron en el mercado de Andino con una guerra de precios. Entre 2004 y 2005, el precio de un bulto de 50 kilos de cemento pasó de $22.000 en promedio a $6.000. La disminución de precios afectó a Andino, obligando su venta por US$190 millones a cementos Argos. A causa de esta guerra, la Superindustria multó en 2006 a Argos, Cemex y Holcim por un monto de $2.769 millones y a sus representantes por $414 millones por realizar acuerdos que iban en contra de la libre competencia.

Los expertos también señalaron que uno de los casos de este tipo más conocidos fue un acuerdo entre Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila Lulle, quienes decidieron hacia la década de los ochenta repartirse los negocios de gaseosas y cervezas, sin competir entre ellos.

Quienes están siendo investigados por la SIC
En el listado que entregó la SIC se encuentran el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño Capurro; el representante legal de Riopaila Castilla, Djalma Teixeira De Lima, y los exrepresentante legales de la compañía Alfonso Ocampo Gaviria y Harold Antonio Cerón Rodríguez. También están Juan José Lulle, representante legal del Ingenio del Cauca; Luís Augusto Jaramillo Palacio, representante legal de Dicsa.

Las opiniones

Fernando Londoño Capurro
Presidente de Asocaña
“Este sector no se ha formado como un cartel que adelante prácticas ilícitas o delictivas de ninguna índole. Tal referencia constituye una injustificada ofensa”.

Eduardo Sarmiento
Director investigaciones económicas
“Las empresas que forman carteles lo que hacen es que limitan la producción e importación para generar cierta escasez y generar un incremento en los precios”.

Gonzalo Palau
Profesor de economía Universidad del Rosario
“Sin la existencia de este posible cartel, los precios bajarían más. Este es un buen efecto en el corto plazo para el consumidor, pero puede restringir el mercado ”.