Gobierno adeuda $9,2 billones a empresas de energía y advierten riesgo de apagón

Líderes gremiales del sector energía revelaron que la deuda del Gobierno con los actores del mercado ya está en $9,2 billones, dineros que están desagregados en subsidios al consumo ($3,5 billones), opción tarifaria ($2,2 billones), deuda oficial ($1,4 billones) y pasivo de Air-e con generadores y transmisores ($2,1 billones).

Tal como lo manifestaron, el Ministerio de Minas y Energía no ha liquidado los pagos de 2025 y las empresas han tenido que acudir, por ejemplo, al endeudamiento para continuar las operaciones en medio del disminuido flujo de caja.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, cuestionó que el Gobierno se ha limitado a lanzar anuncios, pero no ha aplicado ninguna solución efectiva para las compañías que prestan servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Se espanta la inversión

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial, enfatizó en que en los últimos años apenas entró 0,6% de la energía que se estaba esperando para atender el consumo nacional e hizo notar que la incertidumbre jurídica pone un palo en la rueda a la inversión privada, que es neurálgica a la hora de aumentar la capacidad de generación.

"Las nuevas inversiones están afectadas por la inestabilidad regulatoria y las últimas señales desde el Gobierno han sido casi de expropiación", mencionó. En ese punto, citó un pronunciamiento de Fitch sobre la incertidumbre: "Los cambios propuestos al cargo por confiabilidad podrían afectar los flujos, desincentivando la inversión".

Según sus cálculos, el país ya está en un déficit de energía en firme de -2% y para 2027 subirá a -3,5%. Es decir, se necesita la entrada en operación de nuevas plantas, pero la atmósfera actual no es estimulante para las compañías, dado que el Gobierno no responde por sus obligaciones y, en caso tal de que decidieran no continuar funcionando ante el incumplimiento estatal, se enfrentan a potenciales intervenciones.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, ilustró la encrucijada al decir que "si yo tengo una panta de US$200 millones, al cesar la operación la amenaza es la intervención, que es lo que pasa hoy, por ejemplo, en el sector salud. Entonces yo prefiero alargar la agonía, endeudándome o vendiendo activos para continuar y esperando a que el Gobierno me pague, que arriesgarme a una intervención; eso es lo que no puede permitir un accionista, que le quiten su activo".

Durante su intervención, nuevamente cuestionó el manejo que se la ha dado a Air-e durante la intervención aplicada en 2024: "Los dueños de Air-e debían más de $500.000 millones a los generadores. El Gobierno arranca su gestión y ha sido inocua, ya tiene una deuda de $2,1 billones con los agentes generadores".

"Hemos tenido cinco agentes interventores que han manejado esa empresa y, a hoy, no hay ninguna solución y hay algo que hace más crítica la situación de caja: los impuestos por la emergencia económica", añadió.

Detalló que, "a unas compañías les pusieron tributos adicionales, todo eso hace que se presione la caja de las empresas y el problema de esto es a futuro. Hoy las empresas siguen entregando energía, pero eso es una bola de nieve. Si los precios de la energía en la bolsa suben con la probabilidad del próximo Fenómeno de El Niño, se calcula que habría $300.000 millones trimestrales de deuda".

Desde su óptica, la solución es que dentro del Presupuesto General de la Nación, PGN, deben apropiarse los recursos para que la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Minas y Energía puedan ponerse al día: "El llamado al Gobierno es que tienen que hacer su tarea, no es si quieren o no, eso está dentro de la ley".

Las más frágiles

José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, manifestó que, en medio de la presión financiera que hoy viven todas las empresas del sector, las más pequeñas son las que están expuestas a un mayor riesgo, toda vez que no poseen el margen de maniobra que tienen agentes grandes.

Dijo que del pasivo pendiente, 72% corresponde a deuda pública y representa dos años de ingresos brutos de los comercializadores: "Hoy estamos peor que hace un año y estamos en una tormenta perfecta. Tenemos un Decreto que nos aumenta la retención en la fuente; más impuesto al patrimonio y una propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que disminuye cerca de una tercera parte de la remuneración".

"No damos más, si no hay solución llegaremos a apagón físico, que es lo que queremos evitar con estas alertas", puntualizó.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, finalizó la intervención al destacar que "los subsidios no son un beneficio para las empresas. Son un alivio para los hogares más vulnerables que el sistema ya aplicó en factura. Lo que hoy está pendiente es que el Gobierno gire esos recursos que ya se entregaron en la práctica. Si ese pago no llega, las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas."