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Irene Lanzaco, directora de la AMI, analizó el fallo contra Meta en España y explicó su impacto en la sostenibilidad de los medios en la era de la IA
El reciente fallo contra Meta Platforms en España, impulsado por los editores de prensa, marca un punto de inflexión en la disputa por el uso de contenidos periodísticos. La decisión, respaldada por la acción conjunta de la Asociación de Medios Impresos Españoles, AMI, llega en un momento clave para la industria, en medio del avance de la inteligencia artificial.
La sentencia establece que Meta deberá pagar cerca de 500 millones de euros (US$575,5 millones) a los medios demandantes por el uso de sus contenidos, como resultado de la acción legal emprendida por los editores.
En este contexto, en el que las grandes plataformas tecnológicas integran contenidos periodísticos en sus algoritmos para entrenar modelos de IA, Irene Lanzaco, directora de la AMI, explica las implicaciones de esta decisión y lo que se espera para el futuro de los medios en este nuevo escenario sobre la mesa.
En mi opinión, sí. Están utilizando obras que son titularidad de terceros. Siempre que los editores se hayan opuesto al uso de sus contenidos para el entrenamiento de estos modelos, se requiere autorización, con o sin remuneración. Pero parece justo que, si se obtiene un rendimiento económico derivado de la explotación de un modelo, el editor pueda participar del beneficio.

Fue fruto de la unión de todos los editores agrupados en torno a AMI, en la creencia de que era una causa que merecía la pena luchar. Detrás hay un gran trabajo en los ámbitos jurídico, económico y de comunicación, junto con el papel de periodistas, que hicieron suyo el caso y ayudaron a narrarlo.
Sí, en realidad son casi 500 millones de euros (US$575,47 millones) que tiene que pagar Meta a los demandantes.
Son 84 medios de comunicación; no solo periódicos, también hay páginas web, agencias de noticias e incluso un grupo de radio hace parte de esto.
Procesalmente, estamos en un momento en el que Meta ha recurrido la sentencia de instancia. Lo ha hecho de la forma a la que nos tiene acostumbrados, que es imponiendo sus propias reglas, porque presentó dos recursos de apelación distintos: uno antes de que tuviera el plazo para hacerlo y otro después. Esto ha generado un pequeño lío procesal y ahora estamos a la espera de que el juez determine a cuál de los dos recursos debemos contestar.
Meta realiza la venta de publicidad desde su sede en Irlanda a toda la Unión Europea, ya que es un paraíso regulatorio para las grandes tecnológicas; de hecho, todas las Gafa están allí porque el sistema les resulta más proclive que en otros países. Al inicio, algunos asociados tenían reticencias por demandar a una compañía extranjera, pero se logró notificarla en tan solo una semana, por lo que no hubo retrasos.

Meta Irlanda cuestionó la legitimidad de los tribunales españoles y planteó una declinatoria por competencia. Sin embargo, el juez determinó que, al operar, obtener beneficios y afectar a medios en el mercado español, los tribunales sí eran competentes para juzgar el caso.
Meta Estados Unidos ha debido informar sobre este procedimiento, ya que está obligada a reportar sus riesgos jurídicos. Irlanda es su subsidiaria. A lo largo del proceso se dio una paradoja: mientras Meta Estados Unidos declaraba ante la SEC que el cumplimiento de la normativa europea de protección de datos afectaría sus ingresos en Europa, en sede judicial Meta Irlanda sostenía que el aprovechamiento de los datos no tenía relación con sus rendimientos, atribuyéndolos únicamente a su inversión tecnológica, mientras que la compañía matriz declaraba algo distinto ante las autoridades americanas.
Estoy segura de que se puede hacer. Lo que se necesita es una persona con determinación, que entienda cómo funciona el sistema jurídico y qué palancas utilizar y, fundamentalmente, el apoyo de los grupos editoriales que quieran respaldar el caso.
Es algo increíble y yo lo sigo mucho. Siento que hay grandes casos contra las tecnológicas y, aun así, casi nunca tienen un impacto relevante en la cotización.
En Australia, en España y en Francia. Y recientemente se dio una situación muy interesante: Meta Suecia fue expulsada de la IAB (International Advertising Bureau) por fraude en las inversiones de los anunciantes en sus plataformas. Tras varios requerimientos para que detuvieran estas prácticas, y al no tener efecto, la asociación optó por expulsarlos. Aunque sigue habiendo una gran asimetría, hay algo que empieza a moverse.
No sabría la respuesta. Lo que sí puedo garantizar es que pleitear es costoso, requiere recursos, una voluntad muy fuerte y mucho valor para emprender batallas judiciales que siempre son riesgosas y de resultado incierto.
Estamos monitorizando cómo la IA afecta el consumo de noticias y, allí donde creamos que se ven afectados nuestros derechos y exista causa jurídicamente sólida, actuaremos.
Creo que lo importante es conocer todas las herramientas normativas que ofrece el sistema jurídico, estudiar los hechos y determinar dónde se tiene mayor ventaja.
Que se muevan. Las soluciones no van a llegar de quedarse en la conversación. Para conseguir resultados hay que tomar acciones; cuando se actúa con decisión, los resultados llegan, y cuando no, es porque no se hace nada.
Por supuesto. El derecho a la información es nuestra razón de ser porque estamos al servicio del ciudadano. Pero la información no puede existir si los medios no somos sostenibles y no podemos comunicar.
Los accionistas también dieron visto bueno a la prouesta para no decretar dividendos y enviar las ganancias a la reserva para readquisición de acciones
Entre las compañías sancionadas estuvo Gloria, que anunció su salida del mercado lácteo, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac.
El balance por regiones es heterogéneo y para 2025, la zona Occidente y Pacífico tuvo el balance más desalentador con 101 unidades productivas cerradas