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María Camila Suárez Peña - msuarez@larepublica.com.co

Y esa es solo la punta del iceberg. Las empresas que se  lleguen a encontrar responsables podrían acarrear una multa que alcanza los $68.000 millones y los ejecutivos, que son personas naturales, asumirían un monto superior a los $1.370 millones. Esto, si el superintendente Pablo Felipe Robledo decide aceptar las recomendaciones hechas por Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia en el Informe Motivado que presentó a la SIC, documento que tiene 277 páginas.  

Lea aquí el informe motivado

“Este negocio maneja un monto importante, que influye considerablemente en los hogares colombianos al ser productos de manejo esencial para los consumidores. Fue un acuerdo que superó una década, por ello la SIC debe sentar un precedente castigando a estas empresas que se metieron con el bolsillo de sus clientes”, manifestó Luis Fernando Martin, consultor empresarial.

Este caso es histórico por dos razones principales: la primera de ellas porque está inmerso en el negocio de papeles suaves, que mueve al año $1,2 billones en el país. Y fruto del cartel, el negocio aumentó 30% sus precios, lo que representa unas ganancias anuales de $300.000 millones, cifra que provenía de los compradores de estos productos. 

Pero el caso también es histórico porque es el primero en contar con empresas delatoras, que prefirieron colaborar con la justicia aportando información valiosa para lograr beneficios en el proceso. 

Lo que sugiere el Superintendente Delegado, según el documento es, primero, absolver o archivar la actuación administrativa puesta en marcha contra Drypers, puesto que encontró pruebas que acreditaron que si bien la compañía asistió a dos reuniones con sus competidores, no participó en ningún momento del acuerdo de precios. 

Otra de las recomendaciones del Superintendente deja muy mal parada a Familia, pues Sánchez sugiere excluirla del programa de beneficios por colaboración, puesto que argumenta que encontró que la empresa “ocultó información y realizó afirmaciones contrarias a la realidad al momento de acceder al programa y al declarar en el marco de la investigación”, indica el informe. Y además señala que las pruebas que presentó la organización no agregaron un valor significativo al material probatorio que ya tenía la SIC, pues solo se limitaron a corroborar lo que ya estaba demostrado con las pruebas aportadas por Kimberly. 

Eso, sumado a que las personas que declararon por iniciativa de Familia rindieron versiones contrarias a la realidad y “ocultaron información en ejecución de una estrategia encaminada a limitar la responsabilidad de Familia y a ocultar la de Darío Rey Mora, gerente general”. 

Las anteriores son razones suficientes para que la anotación del Informe Motivado fuera no conceder a Familia ningún beneficio en el marco del programa de beneficios por colaboración.  Con ello, esta empresa perdería la oportunidad que tendría, al ser la segunda empresa delatora, de ser exonerada del 50% de una eventual sanción.

De acuerdo con dicho programa, cuando las empresas han suscrito acuerdos de beneficios con la SIC, la primera delatora, en este caso Kimberly, podría tener una exoneración total. Para el caso de la segunda delatora, es decir Familia, una de 50%, y para Cartones y Papeles de Risaralda, al ser la tercera delatora, una exoneración de 30%. 

“El programa de beneficios por colaboración es un mecanismo jurídico que permite a la autoridad de competencia otorgar beneficios a los participantes en carteles empresariales a cambio de su colaboración en la detección, desmantelamiento y sanción de esas prácticas anticompetitivas”, señala el documento.   

Dentro de la investigación en proceso, hay 42 personas naturales implicadas: 21 de Kimberly, nueve de Familia, siete de Papeles Nacionales, dos de Cartones y Papeles de Risaralda y tres de Drypers. No obstante, otra de las recomendaciones del Superintendente es declarar administrativamente responsable y sancionar a 21 de esas personas naturales: 10 vinculadas con Kimberly, ocho con Familia, dos con Cartones y Papeles de Risaralda y una con Papeles Nacionales. Las restantes, según el funcionario y luego de la investigación realizada, deberían quedar absueltas. 

¿Qué encontró la investigación?
Entre los resultados de la investigación, que se abrió mediante la Resolución 69518 del 24 de noviembre de 2014, se descubrió que los acuerdos permanentes e ininterrumpidos para la fijación de precios se originaron hace 16 años, y se mantuvieron al menos hasta finales de 2013. Además,  que las empresas Kimberly y Familia fueron las principales involucradas en los hechos, al ser participantes activos y permanentes en los diferentes procesos.

Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda comenzaron a participar de los acuerdos después. La primera de ellas en 2001 y hay pruebas de su participación hasta diciembre de 2011. Y la segunda,  empezó a ser parte de las acciones en 2003 y también se mantuvo hasta finales de 2011. 

De acuerdo con el documento, existía una distribución jerárquica para la adopción de las decisiones dependiendo de su frecuencia e importancia. “Los gerentes generales de cada  compañía involucrada en el acuerdo de precios tenían conocimiento de la práctica ilegal y participaron directamente de ella a través de contactos en los que definían el marco general del acuerdo. Mientras que funcionarios de menor jerarquía, pero que contaban con capacidad de decisión, se encargaban de la implementación práctica de las directrices de cada empresa para el desarrollo de la práctica ilegal” indica el Informe. 

La investigación también halló que el acuerdo de precios hizo parte de la cultura organizacional de las compañías que participaron en esa práctica. Incluso, que alguna de ellas informaba a los funcionarios entrantes de su participación en el acuerdo de precios desde el momento mismo de la inducción. Y además, que las compañías cumplían los acuerdos de precios que alcanzaban y, adicionalmente, que la práctica restrictiva de la competencia generó efectos en el mercado, en particular una acentuada estabilidad en los precios de los productos afectados durante el período de su ejecución.

¿Qué va a pasar?
Luego del Informe Motivado presentado por el delegado para la protección de la competencia  habrá un plazo de 20 días hábiles para que los investigados puedan presentar sus observaciones, mecanismo propio del ejercicio del derecho de defensa. Después de esa etapa, se convocará al Consejo Asesor de Competencia que, a su vez, emitirá su recomendación al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sobre el caso. 

Dicho Consejo Asesor de Competencia está integrado por cinco miembros designados por el presidente de la República: Mauricio Pérez Salazar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia; Ana María Ibañez, decana de la  Facultad de Economía de la Universidad de los Andes; Edgardo Villamil Portillla, expresidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; Hernán Eduardo Vallejo, economista investigador de la Universidad de los  Andes y Javier Humberto Gamboa, negociador de Tratados de Libre Comercio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

Pesos pesados del sector
El caso de papeles suaves, como lo ha denominado la SIC, ha generado tanto revuelo por tener inmersos a los pesos pesados del sector. Y no es para menos, Familia, por ejemplo, reportó ventas en 2014 por $444.733 millones, de las que 77% fue por concepto del canal de consumo y 23% del canal institucional. Esta empresa, que hasta 1965 se dedicó a la importación del papel higiénico manufacturado por Scott Paper Co, inició la producción de papel suave ese año con la construcción de su primera planta. Después de casi medio siglo, y teniendo en cuenta cifras de 2014, la compañía tiene una participación de 33,3% del mercado de papel higiénico; 40,2% del de servilletas; 38,6% del de toallas de cocina; y 62,9% del de pañuelos para cara y manos.  

Kimberly, también líder del sector, inició su participación en la industria de papeles suaves entre 1967 y 1968 con Colpapel S.A y Colombiana Kimberly S.A, que se fusionaron en 1998 creando Colombiana Kimberly y Colpapel S.A. En 2014, la organización facturó $199.514 millones en sus cuatro líneas de negocio; de ese total 60% fue por el canal consumo y 31% por el institucional. Citando cifras del mismo año, la compañía tuvo una participación de 26,5% del mercado de pañuelos para cara y manos; 13,2% del segmento de papel higiénico; 2% del nicho de servilletas; y 4,1% de toallas de cocina. 

Papeles Nacionales, que es una sociedad controlada  por Grand Bay International, tuvo ventas en 2014 por $282.955 millones, 92% por cuota del canal de consumo y 8% del canal institucional. Su participación en el mercado de papel higiénico es de 21%; en el de servilletas de 37,4%; en las toallas de cocina cuenta con una intervención de 15,5%; y en pañuelos para cara y manos, de 3,9%.

Y Cartones y Papeles de Risaralda vendió en 2014 por concepto del mercado de papeles suaves $36.500 millones (76% por comercialización de papel higiénico y 24% por servilletas). Vale resaltar que esta empresa sostuvo relaciones comerciales con Familia entre 2000 y 2011.   

Drypers, que según el Superintendente Delegado debería quedar fuera del proceso,  es controlada por Cmpc Tissue, que es sociedad localizada en Chile. Dicha sociedad participa en el mercado nacional con Drypers y con Protisa Colombia, la primera de ellas registró en 2014 ventas en el segmento de papeles suaves por $88.152 millones. 

Kimberly se compromete a seguir cooperando
Luego de que se diera a conocer el Informe Motivado presentado por el superintendente delegado Jorge Enrique Sánchez, la primera empresa delatora, Kimberly, se manifestó. “Desde el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio anunció su investigación por ciertas prácticas competitivas dentro de la industria de consumo de bienes empaquetados, Kimberly ha cumplido con su promesa de prestar total y absoluta cooperación y así continuará haciéndolo”, indicó la compañía en un comunicado. 

Las opiniones

Pablo Felipe Robledo
Superintendente de Industria y Comercio

“En dos meses la SIC tomará una decisión definitiva sobre el presunto cartel que podría acarrear sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos”.

Luis Fernando Martin
Consultor empresarial

“La SIC debe sentar un precedente. Se hizo acuerdo de precios por más de una década, las firmas jugaron con el bolsillo del cliente”.

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