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Según datos de la secretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, en la isla hay siete empresas dedicadas a la producción de pescados
En 2012, Colombia perdió aproximadamente 90.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima, al menos 40% de su mar, resultado del fallo de la Corte Institucional de la Haya en el litigio interpuesto por Nicaragua. Este desenlace expuso en su momento dudas sobre las posibles afectaciones al sector pesquero de la isla y sus alrededores, pues su subsistencia depende en alto grado de la actividad pesquera.
Hoy se puso de nuevo el tema sobre la mesa, ya que se conoció la decisión proferida de La Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la supuesta violación de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe.
“La integración de los cayos con San Andrés es fundamental porque nos permite navegar entre los baros de pesca colombinos sin tener afectaciones por las autoridades nicaragüenses y ese elemento es determinante en la seguridad de la industria pesquera y va a permitir potencializar la actividad”.
Entre los puntos analizados se destacó, los derechos de pesca que tienen los raizales, quienes desecharon la contrademanda del país, pues no se podía establecer que los raizales tienen derechos de pesca en la zona económica exclusiva de Nicaragua.
En la actualidad la pesca artesanal desembarcada en San Andrés proviene principalmente de zonas cercanas a la isla: Outside Bank, Southend Bank y Under the Lee y en cayo Bolívar, Albuquerque y Far Bank. Esta actividad realizada en su mayoría por raizales es elaborada con técnicas de pesca tradicionales, especialmente línea manual, que según datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la línea de mano ha estructurado la pesquería artesanal de San Andrés, correspondiente a más de 90% de la captura desde 2004.
Sin embargo, ante estas preocupaciones Nicaragua señaló que está dispuesto a negociar sobre este derecho, mientras que Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia, destacó que la corte reconoció que la comunidad raizal tiene unos derechos que deben ser protegidos y señaló sobre el Decreto de puntos y líneas de base renta es contrario al derecho internacional y violatorio y desconoce los derechos de Colombia, por lo que se pidió una reforma.
Y aunque son pocas las empresas constituidas formalmente dedicadas a la pescadería, si hay más de 1.000 pescadores artesanales.
Según datos de la secretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, en la isla hay siete empresas dedicadas a la producción y comercialización de pescados y mariscos. Una de ellas es la empresas Antillana, comercializadora y productora de pescados y mariscos, con más de 25 años en el mercado, que cuenta con plantas de procesamientos en la isla y genera entre 300 y 400 empleos formales para los habitantes, además de estar certificada para exportar a mercados de Estados Unidos y Europa. Otras pesqueras existentes en la isla son La Mansion, Deishma Dahana S.A.S.
Eric Thiriez, gerente general de Antillana, dijo que se mostraban optimista frente al fallo, pues la posición que ha tomado el gobierno les da un parte de tranquilidad y seguridad de que se van a defender los derechos de los colombianos.
“Conociendo la posición del gobierno nos indican que esto será un impulso para la industria pesquera porque se aclaran aspectos que no quedaron resueltos en el fallo de 2012. A nosotros como empresarios nos trasmite seguridad y el panorama de la industria no tiene si no que crecer”, afirmó Thiriez.
El Gerente también resaltó que, si se compara el panorama de la industria pesquera actual con el de antes del fallo de 2012, las implicaciones siguen siendo catastróficas, sin embrago, si se mide con las tendencias que tenía el país de Nicaragua ven un escenario mucho más prometedor.
Thiriez hizo un llamado a el gobierno a no olvidar el tema de Luna Verde, bajos que antes pertenecían a Colombia y que representaban un gran cultivo de pesca para las empresas y habitantes de la isla.
Finalmente, y debido a que la pesca es la principal fuente de producción de las islas de San Andrés y Providencia, los cambios efectuados después de conocerse la decisión de la corte sobre el fallo del caso por las supuestas violaciones de derechos soberanos en el Caribe dentro del pleito con Nicaragua y Colombia tendrán consecuencias sobre los habitantes, comercializadoras y empresas pesqueras del lugar.
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