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Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia
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La empresa sostiene que durante la etapa de investigación administrativa aportó el material probatorio necesario para desvirtuar los cargos formulados por la autoridad
Claro "interpondrá los recursos legales procedentes para buscar la revocatoria de la sanción impuesta" por la Superintendencia de Industria y Comercio por supuestamente vulnerar derecho a la portabilidad numérica, según afirmó la compañía.
"Esta Resolución no es una decisión definitiva, y contra esta proceden los recursos de reposición y el de apelación, siendo este último decidido por el Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor de esa misma autoridad", remarcó la empresa de telefonía
Claro sostiene que durante la etapa de investigación administrativa aportó el material probatorio necesario para desvirtuar los cargos formulados por la autoridad. Según la firma, dichas pruebas evidencian que su operación se ha mantenido ajustada a la normativa vigente.
“Esperamos que, con el análisis de los argumentos y las pruebas presentadas por Claro, se obtenga una nueva decisión por parte de la SIC en la que se declare que la compañía no vulneró este régimen de protección de los usuarios”, agregó la empresa.
La compañía, que actualmente lidera el mercado móvil con más de 40 millones de usuarios y presencia con red 5G en 47 ciudades , reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas del sector, haciendo énfasis en “garantizar el derecho de los usuarios a elegir libremente su operador de telecomunicaciones”.
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, a través de un comunicado y teniendo como base la resolución 95096 de 2025, que fue proferida por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios y de Servicios de Comunicaciones; concluyó que Comcel S.A. (Claro) rechazó diferentes solicitudes de portación argumentando la existencia de una supuesta mora asociada a líneas pertenecientes a beneficiarios del plan 'última milla móvil Mintic 1 - NavegaTIC'.
El operador fue multado con más de $2.000 millones luego de que la SIC confirmara un incumplimiento de sus obligaciones en el régimen de portabilidad numérica.
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