Este es el ABC del porqué Afinia señaló que existe el riesgo de un apagón en el Caribe

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La empresa de servicios públicos del Caribe, Afinia, nuevamente ocupa espacio en la agencia mediática. Y es que el Sintralecol, el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, elevó una solicitud para que "se evite el apagón en el servicio de luz en el Caribe".

Lo anterior fue la respuesta que el sindicato dio a las declaraciones de Ricardo Arango, gerente de Afinia, quien llegó en febrero de 2025 al cargo y afirmó que si el Gobierno no paga la deuda por subsidios de la empresa, el “apagón en el Caribe será una realidad”.

Según Afinia, los problemas en la prestación del servicio vienen de atrás. La compañía dijo que sigue teniendo un gran reto en materia financiera y en la prestación de sus servicios. Ella misma señaló que hasta marzo de 2025, el Gobierno Nacional adeuda más de $600.000 millones por el no pago de subsidios para estratos 1, 2 y 3. A lo que agregó que “no hay certeza de si pagarán en 2025”.

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Cifras de la empresa y de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, detallaron que el Gobierno giró $100.000 millones, pero según mencionaron ambos, esto es insuficiente para cubrir las necesidades del rubro.

No solo Air-e enfrenta el desafío de brindar servicios no pagos en el Caribe, Afinia señaló que las entidades oficiales de las regiones donde ofrecen el servicio deben $341.000 millones; Andesco puntualizó que estas entidades no pagan el servicio hace 10 años.

“En el estrato 1 se recauda 54,31%, mientras en las zonas de subnormalidad hay tan solo un recaudo de 4,78%. Las pérdidas de energía de 28,26%, se ubica entre las más altas del país y que se asocian a ilegalidad y uso ineficiente del servicio”, detalló Afinia.

A lo que adicionó que Empresas Públicas de Medellín, EPM, grupo del cual es filial, invirtió $3 billones en infraestructura y en optimizar el servicio. También mencionó que se ofrecieron soluciones financieras a más de 18.800 usuarios para que hagan abono de sus facturas. La organización presta servicio para más de 1,8 millones de usuarios en Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

La postura del sindicato

Frente a los anuncios de Arango, Sintraelecol señaló que "este anuncio merece una revisión a fondo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Pedimos a los Ministerios de Minas y Energía, de Trabajo, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Contraloría y a la Procuraduría que intervengan de manera oportuna y exhaustiva investigando los aspectos financieros, operativos y regulatorios que puedan estar afectando la gestión de Afinia", determinó Walter Petro Lora, vocero del sindicato.

¿Qué dicen desde la academia y el sector privado?

“La intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos era apenas la punta del iceberg, puesto que, todas las empresas comercializadoras de energía están en condiciones de iliquidez, insolvencia y dificultades de flujo de caja, que determinaron dicha intervención”, afirmó el exministro de Minas y Energía y profesor de la Universidad Externado, Amylkar Acosta.

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“Afinia y su matriz EPM han venido anunciando que si no le giran lo correspondiente a los subsidios que le debe la Nación desde el año pasado, ellos empezarán a racionar la prestación del servicio y a lo único que se ha comprometido el Ministerio de Hacienda es a hacer abonos a cuenta gotas sobre lo adeudado. No es de extrañar que los usuarios de Afinia en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar estén a ad portas de un apagón”, recalcó.

Para el director de Análisis de Sectores y Sostenibilidad de Corficolombiana, Fabián Osorio, “el Gobierno adeuda $2,4 billones a Afinia por concepto de subsidios a estratos 1, 2 y 3, la opción tarifaria y otras cuentas con entidades públicas. Aunque hace dos semanas se realizó un abono de 68.000 millones, esto representa menos de 3% de la deuda”.

Luego, señaló que “para dimensionar el impacto, Afinia tuvo ingresos por $4,9 billones entre enero y septiembre de 2024, lo que significa que la deuda equivale a cerca de 50% de sus ingresos en ese periodo. Esta situación financiera pone en riesgo la operación de una de las comercializadoras de energía más grandes del país, afectando la prestación del servicio a 1,8 millones de usuarios”.

“El problema también está relacionado con pérdidas de energía de 22%, bajo nivel de recaudo, deudas acumuladas y un atraso en la modernización tecnológica, hay una infraestructura que está obsoleta y sobre cargas en las redes de transmisión y distribución, todo esto ocasiona que se venda un kilovatio de energía más caro y sin los subsidios el desequilibrio financiero es mayor”, apuntó el profesor de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto.

"Este es un círculo vicioso el que tiene hoy la compañía y las tratándose de un comercializador con una alta concentración en los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que requiere un apoyo decidido para sanear las deudas que hoy tiene por parte del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales y otras entidades públicas nos veremos abocados a un posible apagón financiero y limitaciones crecientes en el suministro en Bolívar, Sucre y Córdoba", concluyó Julio César Vera Diaz, presidente de XUA Energy.