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Diana Bustamante, la agente interventora oficial para la compañía Air-e
La decisión sobre en qué servicio se incluirá corresponde a autoridades como el gobernador, Eduardo Verano, y la Asamblea Departamental
Air-e anunció que eliminará el cobro de la tasa de seguridad en la factura del servicio eléctrico para los usuarios de Barranquilla y el departamento del Atlántico. La medida busca reducir el valor de los recibos de energía para los clientes en la región y se enmarca en un contexto de menor incertidumbre para los principales accionistas.
Diana Bustamante, agente interventora de Air-e, confirmó que la compañía está adelantando gestiones para retirar este cargo. Según explicó, en el Atlántico, la tasa de seguridad representa un incremento superior a 10% en la factura.
Air-e aclaró que su intención es dejar de recaudarlo a través de la factura y que la decisión sobre en qué servicio se incluirá corresponde a las autoridades locales como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y la Asamblea Departamental.
El impuesto de la tasa de seguridad se ha destinado a financiar gastos de la Policía, como la compra de combustible para los vehículos oficiales y otros recursos relacionados con la seguridad en el departamento.
Sin embargo, algunos ciudadanos han manifestado su inconformidad con este cobro, señalando que los índices de inseguridad no han mejorado a pesar de la contribución económica que se ha hecho.
En Barranquilla, una medida similar se implementó con el impuesto de alumbrado público, que fue retirado de la factura de energía y trasladado a la factura de la empresa de acueducto Triple A desde diciembre de 2024. Actualmente, este cobro solo aplica a los usuarios de estratos tres a seis, así como a los establecimientos comerciales e industriales.
"No está permitido poner recursos de la EPS, recursos públicos, como garantía de un crédito a particulares", mencionó la superintendente
Según explicó la empresa, la diligencia adelantada por el Ministerio correspondió a una actuación administrativa ordinaria de inspección
El caso viene de 2021, cuando se abrió una investigación contra 17 clubes, la Dimayor y 20 dirigentes por presuntamente acordar el control del mercado de fichajes de jugadores
