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Los procesos que adelanta la Supertransporte, la SIC y una posible decisión de la Supersociedades siguen en curso pese a decisión
Después de siete meses, la Aeronáutica Civil emitió la Resolución a través de la cual autorizó la integración entre Viva y Avianca con condicionamientos. Sin embargo, la decisión está sujeta a modificaciones, ya que aerolíneas como Wingo, Latam, JetSmart y Aerolíneas Argentinas, o las mismas involucradas, tienen hasta Semana Santa para presentar apelaciones o recursos de reposición, y hasta el 26 de marzo para radicar recursos de queja.
Aun así, la espera para definir el futuro de la empresa pionera del modelo ‘low cost’ en el país se alargaría hasta por tres meses más. Esto debido a que, una vez culminado el plazo para recibir este tipo de herramientas jurídicas, la autoridad tiene hasta dos meses para estudiar los alegatos y volver a pronunciar al respecto. En este caso se debe tener en cuenta que este lapso arranca desde la última semana de marzo, por lo que el sector se mantendría en vilo muy cerca de las vacaciones de mitad de año.
A esto se suman otros procesos que no se detienen, pese a que se lleve a cabo la unión entre las dos empresas. Uno de ellos es la vigilancia especial que adelanta la Superintendencia de Transporte y que se mantendría indefinidamente, además de la solicitud de reorganización que avanza en la Superintendencia de Sociedades por parte de la misma autoridad del sector y que no ha sido definida en medio del Proceso de Recuperación Empresarial (PRE) de Viva, en el que ha negociado más de 18% de su deuda.
Por su parte, la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ha sido el eje central de muchas de las observaciones en torno a esta solicitud, también seguiría adelante. De hecho, pese a la suspensión y a las diversas declaraciones de ambas empresas, la misma SIC ha tomado las respectivas declaraciones de las partes y ha recopilado más información en las propias cedes de las compañías, tal como se dio a conocer una vez Viva paró de volar.
Según Andrés Palacios Lleras, experto en Derecho de la Competencia y profesor de la Universidad del Rosario, “la investigación continúa su curso porque es un procedimiento administrativo independiente, que además se funda en cosas independientes como que, debiendo pedir permiso para las movidas empresariales que llevaron a cabo, no lo hicieron. Ya el trámite integraciones tiene que ver con cómo se organizan las empresas y sus activos”.
Además, considera que “la SIC tiene la facultad de ordenar la reversión de la integración, si concluye que en efecto se integraron sin pedir el permiso previo. Eso sería muy complicado para todo el mundo y como Viva aparentemente está insolvente, y ya no cuenta con muchos activos importantes, lo más posible es que no sé de dicha orden”. Al final podría derivar en una millonaria multa y otras responsabilidades.
Además de la denuncia penal en contra del funcionario, se adelantarán otras acciones legales para recuperación la administración de la EPS
El órgano de control aseguró que la operación de la empresas continuará con normalidad y que ningún empleado será retirado
La entidad académica explicó que esta decisión se hace con el objetivo de “garantizar un proceso idóneo y con los más altos estándares”
