MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Antes de la entrega del puente se introdujo la posibilidad de que un tribunal de arbitramento resuelva reclamanciones hasta por $200.000 millones
El pasado 20 de diciembre el presidente de la República, Iván Duque inauguró, luego de cuatro años de la firma del contrato, el nuevo puente Pumarejo en Barranquilla, una obra a cargo de Sacyr que tuvo una inversión de cerca de $800.000 millones, y remplazó la estructura inaugurada en 1974.
Sin embargo, poco más de un mes después de su inauguración, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras denunció en su columna dominical en el diario El Tiempo, que dos días antes de que se entregara el puente, el 18 de diciembre de 2019, la directora de contratación del Invías, Catalina Téllez, suscribió una modificación del contrato original la firma española.
Según Vargas Lleras, en el contrato se incorporó una cláusula que abre la puerta para que un tribunal de arbitramento para "agilizar" reclamos de Sacyr al Gobierno, que podrían costar hasta $200.000 millones.
El exvicepresidente aseguró que esta medida en materia de solución de controversias no estaba prevista en el contrato original, y criticó que "tanto el anterior director general como el subdirector de la red de carreteras y el director operativo se habían negado a aceptar esta permanente solicitud de Sacyr".
Adicionalmente, Vargas Lleras alertó sobre el precedente que podría crearse para ortos contratos, que podrían solicitar una atención similar. En su columna, además, el exvicepresidente recordó que el valor original del contrato fue de $614.000 millones, pero que en dos ocasiones el gobierno del presidente Iván Duque adicionó cerca de $130.000 millones, lo que representa 20 % adicional al valor inicial de la obra.
Los departamentos que concentran mayor cantidad de alertas rojas son Antioquia, Chocó y Santander, con 32, 26 y 15, respectivamente
La nueva Ley modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para crear un nuevo modelo de financiamiento para las públicas
La propuesta contempla volver a concesionar el corredor bajo un nuevo esquema contractual que garantice inversiones adicionales y modernización de la infraestructura existente
