Un cuerpo colegiado y apoyo fiscal le hacen falta a la Superindustria

Una autoridad idónea y leyes adecuadas son las características que los expertos señalan como fundamentales para tener un aparato efectivo contra la competencia desleal. Colombia tiene ambas, pero aún necesita el apoyo de otras instituciones y una estructura con mayor respaldo para salirle al paso a los grandes grupos económicos.

En ello coinciden académicos consultados por LR conscientes de que el Gobierno debe fortalecer la lucha contra los carteles, incluso esta es una de las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para avalar el ingreso de Colombia al selecto grupo.

Aunque por primera vez organismos como la Superintendencia de Industria y Comercio tienen más ‘dientes’ con herramientas que han dado resultados que hablan por si solos, la cuestión está en si la SIC cuenta con apoyo suficiente de otras instituciones.

El exsuperintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, destacó en ese sentido la labor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ha emprendido campañas para dar a conocer la principal arma de los consumidores insatisfechos frente a la adquisición de bienes y servicios: la Ley 1480 de 2012, más conocida como Estatuto del consumidor.

Frente a la protección de estos derechos el experto indicó que la cartera “hace un papel muy bueno porque actúa en respuesta las investigaciones y le da apoyo al superintendente”.

Por el contrario, cuestionó el papel de la justicia argumentando que ha faltado acompañamiento de su parte. “No hay un eco de ese empeño tan grande del lado judicial, aunque en algunas cosas la Fiscalía ha sido muy importante, luego le recarga todo a la SIC y se aleja o va más lenta porque no tiene la misma capacidad investigativa”, lamentó.

Por su parte, Hernán Ruiz, abogado en propiedad intelectual y derecho de la competencia de la firma Hernán Ruiz Abogados, argumentó que las entidades públicas y privadas han aportado de manera mesurada a la labor de la SIC a través de denuncias, pero llamó a que sea un compromiso velar por el cumplimiento de estos principios.

En ese sentido celebró que la entidad sea un referente internacional por la manera en que ha logrado que se dé cumplimiento a normativas que se remontan a 1959, como la Ley 155 que prohibe los acuerdos que limiten la producción, abastecimiento, distribución o consumo de mercancías. “La SIC es un claro ejemplo de una autoridad eficiente, especialmente por su persecución a la cartelización”. Los resultados demostrados han llevado a que personajes como el abogado Ramiro Bejarano recomendaran elegir al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo como ‘personaje del año’. Es por esto que en la discusión de sus funciones se ha vuelto fundamental el tema de la seguridad.

Al respecto, de la Calle recomienda la creación de un cuerpo colegiado adscrito que refuerce la figura de la SIC y a la vez sirva como consultor, “esto ayudaría a reducir el riesgo de que se vean presionadas las decisiones de la Superintendencia”.

Lo que hace falta
Aunque el nuevo Estatuto del consumidor le dio dientes a la SIC para velar por los derechos de los consumidores aún es necesario que se tramite un proyecto de Ley que ajuste las normas jurídicas a los estándares internacionales.

“En particular, el país deberá migrar de un sistema de topes sancionatorios fijos a un sistema de topes sancionatorios basados en un porcentaje de las ventas del producto cartelizado realizadas por las empresas, ingresos operaciones o utilidades operacionales de las empresas”, destaca un análisis de la entidad.

Hoy las multas por prácticas anticompetitivas llegan a $65.000 millones cuando antes de 2009 no superaban los $1.000 millones.

Así mismo, expertos en la materia han advertido que se deberá dar mayor independencia a la autoridad estableciendo un periodo fijo para el superintendente, de manera que deje de ser un cargo de libre nombramiento y remoción.

“Esto evitaría que el superintendente sea removido por tomar decisiones ‘incómodas’ para algunos grupos de presión y que ello no dependa del carácter del Presidente de la República que esté en un momento u otro gobernando”.

Seis presuntos carteles
En 2012 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal por la presunta existencia de un cartel del azúcar entre 12 ingenios, dos empresas comercializadoras y el gremio Asocaña que, al parecer, habrían obstruido la entrada de importaciones del producto al país y que se habrían repartido el mercado de producción.

Según denuncias de la industria de alimentos que demanda el azúcar como materia prima, los años anteriores a la apertura del proceso el precio del producto llegó a crecer 45% en meses.

De hecho este proceso se remonta a 2004, cuando se hicieron las primeras denuncias hasta que en 2007 el entonces superintendente Gustavo Valbuena Quiñones encontró elementos suficientes para abrir un proceso formal. Hoy se está finalizando la etapa probatoria.

Otro supuesto cartel de este sector económico fue el de las subastas ganaderas, que se habrían puesto de acuerdo para unificar el valor de la comisión que se cobra por el servicio de intermediación en las subastas tanto a proveedores como a compradores de ganado. Esta investigación se encuentra en etapa probatoria.

En agosto de 2013 llegaron al ojo del huracán Argos, Holcim, Cemex y San Marcos por un presunto acuerdo de fijación de precios y el reparto de mercados. Los productores de cemento, según el pliego de cargos de la SIC, provocaron “incrementos sostenidos e injustificados en los precios del producto desde 2010, cuando se empezó a monitorear”.

Una investigación por los mismos hechos se realizó en 2006. Del proceso actual, la etapa probatoria ya fue cerrada y la entidad deberá proferir un informe el primer semestre de este año donde se indique decisión a tomar.

El año pasado se destaparon dos presuntos carteles más: el de pañales y el de papel higiénico por aumentar artificialmente el precio del producto. En estos procesos fue clave la denuncia de empresarios del sector que aportaron pruebas de su existencia y por ello serán exonerados de una eventual sanción económica.

El mercado de pañales mueve al año $560.000 millones, mientras que las ventas en papel higiénico superan el $1 billón. Los resultados de esta investigación serán claves para 30 millones de personas que demandan estos bienes. Para marzo de este año la SIC anunció que divulgarán cuatro nuevos casos donde al parecer habría cartelización por parte de empresas de productos de consumo masivo como cuadernos, jabones y detergentes.

Otros casos en el mundo
Estudios recientes señalan que los precios de productos sometidos a cartelización aumentan en promedio 20% de su precio aunque en algunos casos el incremento es hasta de 60%.

Pero Colombia no es la excepción, en muchas partes del mundo las empresas se ponen de acuerdo para subir los precios, por lo cual las autoridades tienen que imponer sanciones. En Francia, por ejemplo, la autoridad multó con US$683,7 millones a varias empresas participantes en el negocio de higien y belleza y con US$389,9 millones a otras firmas por cartelizar productos del hogar.

Por una nueva estructura con más independencia
La labor de la SIC es crucial en la medida en que garantiza que los consumidores reciban precios bajos y bienes de calidad, una política que implica la persecución y sanción de conductas anticompetitivas. Es por esto que la autoridad encargada debe tener una gran capacidad sancionatoria para desincentivar ciertas acciones. La ley de competencia en 2009 jugó un papel fundamental en ese sentido porque designó a la SIC como la máxima autoridad, aumentó la capacidad de sanciones económicas y estableció el programa de beneficios por colaboración (delación). Así mismo, el Gobierno resolvió triplicar el presupuesto de la Superintendencia en seis años hasta $120.000 millones y duplicar el personal de manera que hoy cuenta con 800 empleados.

Las opiniones

José Miguel de la Calle
Exsuperintentende de Industria y Comercio
“No hay un eco de ese empeño tan grande de la SIC por el lado judicial, en algunos procesos la Fiscalía ha sido muy importante, pero va más lenta, no tiene la misma capacidad”.

Juan Carlos Martínez
Experto en propiedad intelectual de La Sabana
“Estas prácticas garantizan a los empresarios la exclusión de otros competidores y establecen reglas artificiales con las que van a afectar ilegítimamente el mercado”.