Ugpp le bajó el tono al debate con las empresas

El punto de la discordia que tiene en esquinas opuestas a la Ugpp y a las empresas es el Acuerdo 1035 que establece que las prestaciones sociales deben ser incluidas en el cálculo de los aportes de los beneficios no salariales (bonos Sodexo, entre otras figuras). La razón es que antes se basaban en un concepto del Ministerio de Trabajo que señala no tener en cuenta las prestaciones para calcular esas sumas no salariales. Vale recordar que esta figura se contempla en la Ley 1393 de 2010. La normativa, en su artículo 30, señala que en los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, los pagos no salariales no pueden exceder 40% del total de la remuneración del trabajador.  

Por ejemplo, una empresa con un trabajador acuerda que va a ganar $10 millones, de los cuales $5 millones serán por nómina y $5 millones como beneficio no salarial. El 40% de $10 millones son $4 millones. Lo que dice la ley es que, en el caso del ejemplo, el millón de pesos de excedente también debe aportar al sistema de seguridad social. La razón es que, antes de la expedición, las autoridades encontraban casos de empresas que cotizaban seguridad social por el salario mínimo y tenía trabajadores con ingresos superiores a lo que cotizaban. 

Sin embargo, para las empresas, que le incluyeran las prestaciones sociales como una remuneración no salarial no era correcto. En este punto, Andrés Monroy, senior de Impuestos de Crowe Horwath indica que “el acuerdo de la Ugpp da a entender que todas las prestaciones sociales deben ser incluidas. Entonces, si se aplica esta premisa, por ejemplo, en febrero cuando se consignan las cesantías, las empresas van a exceder ese 40% de tope que fija la ley”. Monroy agregó que “esas prestaciones no deben incluirse porque estas no son una remuneración para el trabajador”.

Debido a toda esta situación, que para algunos tributaristas raya en lo arbitrario, el Consejo Directivo de la Ugpp decidió que no se incluirán, por ahora, las prestaciones sociales para el cálculo de los aportes mientras se resuelve el caso en el Consejo de Estado.