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Presupuesto General 2026
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Para ejecutar los gastos de inversión, el Gobierno Nacional propone una partida que ascienden a cerca de $88,8 billones, de los cuales $15,3 billones se irían a transporte
El presupuesto de inversión al interior de la política fiscal para 2026 está programado en cerca de $88,8 billones, según lo señaló el Gobierno Nacional a través de su ministro de hacienda, Germán Ávila.
Entre los sectores que tendrán la mayor cantidad de recursos en materia de inversión están: el de transporte, que registraría una suma de $15,3 billones, correspondiente a 17% del monto total. Luego están rubros como inclusión social y reconciliación (14%), minas y energía (11%), igualdad y equidad (11%), trabajo (8%), educación (8%) y el resto de sectores (31%).
La deuda es otro de los componentes que hace parte de los gastos de la Nación. Como toda cuenta genera intereses, el pago de estos le significaría al país $70,8 billones, equivalentes a 69% del monto total de la deuda. Esta cifra duplica el monto de la reforma tributaria inicialmente propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, radicada por $26,3 billones.
Luego están los gastos de funcionamiento, que representan el rubro más grande porque financian la operatividad del Estado; las transferencias suman 75% del total, llegando a $275,6 billones, los gastos de personal representan 18% y la adquisición de bienes y servicios 5%.
La cartera económica expuso que los sectores con la mayor variación en los gastos e inversión serían la Registraduría, con un alza interanual de 53,5% en su presupuesto.
Luego estarían inclusión social y reconciliación (42,4%); ciencia, tecnología e innovación (27,5%), planeación (27,9%) y minas y energía (19,4%). Cabe señalar que esta propuesta, todavía en trámite en el Congreso de la República.
Los sectores con reducción serían deporte y recreación con cifras rojas de 33,2%, información estadística (-28,5%), agricultura (-23,8%), tecnologías de la información y las comunicaciones (-23%) y la Presidencia de la República (-22,6%).
Varios congresistas que se oponen a la iniciativa fiscal del Gobierno señalaron que el punto fundamental está en la ley de apropiaciones, la cual establece las partidas que se dirigen a los distintos sectores, es decir, las que definen los gastos. Lo anterior lo expresaron indicando que la Registraduría podría estudiar ajustes; ya que, este organismo podría ser sensible a recortes en periodo electoral.
Pero dentro de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda, la Registraduría muestra un alza tanto en los montos de funcionamiento como de inversión, siendo su variación la más alta entre todos los sectores.
“El Gobierno Nacional pretende imponer el Presupuesto General de la Nación de 2026 por decreto. El monto compromete la sostenibilidad fiscal y también depende de una reforma tributaria nefasta”.
En el mismo presupuesto de gastos, en cuanto a las transferencias corrientes, el Sistema General de Participaciones, SGP, tendría una representatividad de 15,9%, ascendiendo a más de $88,3 billones. Los gastos en pensiones se ubican en $87,4 billones (15,7%); la salud estaría en $51,3 billones (9,2%), entre otros rubros que suman $274,7 billones, representando casi la mitad del Presupuesto.
Cifras detalladas del servicio de la deuda señalaron que la externa ascendería en 2026 a $39,4 billones (7,1% del Presupuesto), mientras que la interna estaría en $63 billones (11,3%).
Ávila expresó que los gastos son altamente inflexibles, señalando que la reducción de $10 billones en la tributaria constituye un esfuerzo de ajuste, a pesar de la dificultad en recortes.
Enrique Cabrales, senador y presidente de la Comisión Cuarta, señaló que el Gobierno pretende imponer un Presupuesto por decreto, advirtiendo que el monto presentado compromete la sostenibilidad fiscal. Añadió que el proyecto incluye artículos que representan riesgos, entre ellos el alza del endeudamiento sin modificar el techo de la deuda, lo que en su concepto genera una “deuda escondida”. También criticó que se avale la movilización de recursos de caja sin autorización del Congreso. Agregó que se restan recursos a la salud y la educación en las regiones, y que se ponen en riesgo las vigencias futuras en infraestructura.
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