Tener más beneficios tributarios, entre lo que propone Ascun para reforma a la Ley 30

Otra de las reformas que planea lanzarse en el inicio de la próxima legislatura es por parte de la Cartera de Educación. La reforma a la Ley 30 de 1992 es la iniciativa del Ministerio de Educación que viene ejecutando en el Congreso y que busca modificar el mecanismo de financiación de la Educación Superior. Ascun, (Asociación Colombiana de Universidades), emitió un comunicado que reunía una serie de propuestas que deberían ser incluidas en la presentación de la reforma.

Las principales propuestas que plantea la organización se componen en la verificación de datos en los procesos de control interno de calificación de registro; ampliación de beneficios tributarios para instituciones no oficiales, y mantener la autonomía univeristaria, entre lo que comenta la entidad.

Sobre la concertación entre el sector, el viernes fue la última reunión que lideró la Ministra, Aurora Vargas, junto con directivos de las IES asociadas en Ascun y de otras agremiaciones para compartir los avances en la preparación de la propuesta a la reforma de la Ley 30 de 1992.

Sobre este punto, Ascun, en la carta al Presidente, denunció que se emitía el documento por la "imposibilidad de reunirse con el Ministerio y demás actores para concertación de las propuestas a la reforma".

"Se recomienda rediseñar el esquema de financiación de la educación superior, partiendo de una revisión integral de las fuentes y los usos de los recursos que hoy se destinan al sistema", dice Jose Consuegra, presidente de Ascun.

Sobre la primera propuesta, se explica que en los procesos de control es importante considerar la calidad de los datos brindados en los sistemas de información oficiales (Snies, OLE, Spadies, Icfes, Scienti), la obligatoriedad de reporte por parte de las IES y la accesibilidad a estos desde la ciudadanía.

Además, es fundamental hacer un mejor uso de la información que ofrecen estos sistemas, según explican.

En cuanto a la financiación, se propone seguir con unas iniciativas. Las universidades estatales han presentado propuestas de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 con miras a solucionar este problema estructural. Actualmente cursan en el Congreso de la República dos proyectos: el 54, por medio del cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones y el Proyecto de Ley 84, por el cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para establecer un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior pública de Colombia y se dictan otras disposiciones.

La ampliación de beneficios tributarios para las instituciones no estatales. Desde este punto de vista, se dice que es necesario ampliar el alcance del artículo 92 de la Ley 30, para que las instituciones no estatales tengan derecho a la devolución del IVA e incluir en dicho artículo beneficios tributarios para las instituciones privadas que pueden revertir en su desarrollo, invocando los principios de equidad, eficiencia y progresividad en los cuales está fundamentado el sistema tributario nacional (Constitución Política de Colombia, Art. 338).

Se propone también productividad desde las universidades. La organización dice que es necesario prever legalmente la facultad de las IES (Estatales y no estatales) de desarrollar otro tipo de actividades económicas y que tengan como propósito disminuir la dependencia que actualmente tienen con los derechos de matrículas, de tal forma que puedan contar con otras fuentes de financiación que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus actividades sustanciales.

Y por último, en cuanto a la gobernanza del sistema, la entidad dice que se solicita revisar la estructura actual del Ministerio de Educación, para atender los requerimientos de articulación del sistema, el papel del CESU en la definición y orientación de la política del sector, así como el rol de la Conaces y del Consejo Nacional de Acreditación en la consolidación de un modelo de calidad que responda, en el marco de la autonomía de las IES, a los requerimientos de transformación del sector y del modelo educativo