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Según el ente de control, durante estos meses se realizó seguimiento y se iniciaron las averiguaciones previas que permitieron “proferir la Resolución No. 20162400380441 del 6 de julio de 2016, que contiene el pliego de cargos por eventuales violaciones legales y regulatorias que pudieron afectar la prestación del servicio y por consiguiente, el suministro de energía a los usuarios”.
Es bueno recordar que con la salida de la planta se perdieron siete gigavatios hora (GWh) lo que puso en riesgo de racionamiento al país, ya que este embalse contenía cerca de 10 puntos porcentuales del nivel agregado de reservas hídricas.
“Dentro del proceso se contempla un análisis de las afectaciones que se pudieron presentar por efecto de las obligaciones de energía en firme; falta de previsión en ajustar su infraestructura a nueva tecnología, tal y como lo prevé el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas, Retie; y fallas que atentaron contra la seguridad y la vida de los operarios de la hidroeléctrica, entre otros aspectos”, concluyó la Superservicios.
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