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Se trata de la subasta de energías renovables no convencionales de mañana y la del cargo por confiabilidad del jueves de esta semana.
Esta semana Colombia dará el primer paso para definir su transformación energética a largo plazo. En medio de la discusión sobre la situación por la que atraviesa Hidroituango, el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Minas y Energía, realizará las dos primeras subastas de 2019, que no solo complementarán la estructura energética con fuentes renovables no convencionales, sino también darán un alivio al sector a partir de 2021.
Se trata de la subasta de energías renovables no convencionales de mañana y la del cargo por confiabilidad del jueves de esta semana. La primera se centrará en poner contratos de energía solar y eólica a futuro, mientras que la segunda asignará responsabilidades para cubrir el posible déficit que se presentaría en dos años.
“Nuestra meta en la primera subasta es llegar a las primeras 500 megas de capacidad instalada en fuentes no convencionales de energías renovables. Esta es una muestra del potencial que tiene Colombia para iniciar la transformación energética, impulsando fuentes alternativas renovables como el sol y el viento”, explicó María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.
La puja del 26 de febrero tiene un objetivo claro: pasar de 50 megavatios de capacidad en energías renovables (solar y eólica) a casi 1.500 en cuatro años. Es decir, ampliar en casi 30 veces la capacidad instalada actual. Para lograrlo, se prevé una inversión de entre US$1.300 millones y US$1.800 millones, los cuales servirán para la transformación de la capacidad instalada.
Días atrás, 27 empresas manifestaron su interés en participar. De ese total, 15 firmas son para la venta de este tipo de energía, así como 12 para la distribución y comercialización.
En la lista de proyectos opcionales hay 22 sobre el tapete: 17 de energía solar, cuatro de eólica y uno de biomasa, un material orgánico de origen vegetal que se puede aprovechar energéticamente.
La otra subasta será al finalizar la semana. Esta tiene como objetivo expandir la matriz del país, especialmente, con energía térmica e hidráulica. De hecho, en este proceso se prevé dar la asignación de obligaciones de energía firme para el periodo 2022- 2023.
Para Ángela Montoya, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), esta subasta brindará un alivio energético en los próximos años. “El Ministerio ha trabajado estratégicamente para prevenir dos escenarios de demora en proyectos o que se no se cumplan los plazos. Esta es una muy buena señal para el sector energético”.
Esa misma opinión la comparte Alejandro Castañeda, presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quien, aunque le ha hecho reparos a la subasta luego del anuncio de EPM sobre la participación de Hidroituango, cree que sin duda será un buen mecanismo para fortalecer la oferta energética a mediano plazo.
Y es que el cargo por confiabilidad (o popularmente conocido como expansión) es la puerta de entrada para que el Gobierno Nacional cubra el posible déficit que se presentará a 2021 por el posible no ingreso de Hidroituango al sistema. Según la resolución 104 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con este mecanismo se prevé cubrir el déficit de 4.045 gigavatios (GWh-año), los cuales se tienen previstos por las proyecciones de la demanda que tiene la Upme.
En esa subasta de expansión se espera la participación de 34 proyectos. Esto luego de que la semana pasada LR conociera que 11 proyectos, de los 45 que cumplían las condiciones, abandonaron el proceso por diferentes motivos: participación de Hidroituango, falta de garantías o la no terminación de las obras.
Con las asignaciones de los contratos, se conocerá a principios de marzo quiénes estarán a cargo de estas obligaciones. Según la cartera de Minas y Energía, esto marcará la hoja de ruta para la transformación energética en los próximos cuatro años.
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