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La investigación 'Los retos del trabajo decente en el contexto colombiano' demostró que en el país se registra una alta informalidad, con un 70 % en el área urbana y un 88 % en la rural.
En materia de protección social el panorama tampoco es alentador. El análisis indica que el 70 % de la población ocupada no tiene cobertura pensional y del 30 % que está cotizando para pensión, solo un 10 % se va a jubilar por vejez.
Para Iván Daniel Jaramillo y Paola Andrea Peña, integrantes de Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “el hecho de que solo el 30 % de la población ocupada tenga cobertura del sistema pensional, evidencia un déficit que debe ser corregido por incentivos a la formalidad para estimular la afiliación al sistema y la construcción de derechos, re-enfocando la estrategia de aumento de cobertura a través de los sistemas asistenciales de cobertura”.
Por otra parte, la investigación señala que el diseño de la política de intervención laboral debe enfocarse en la corrección de las brechas que derivan de la informalidad rural y el enfoque asistencial, que debe ser progresivamente sustituido por estímulos a la formalidad y el acceso a las modalidades de trabajo que involucran la explotación de la tierra que caracterizan y diferencian el trabajo agrario.
El estudio plantea el rediseño del decreto 583 de 2016 del Ministerio del Trabajo, que eliminó las restricciones a la tercerización, que fragmenta la responsabilidad patronal y debilita la realización y efectividad de derechos individuales y colectivos en el trabajo.
Frente al tema sindical, los investigadores de la Universidad del Rosario recomiendan rediseñar el sistema de relaciones sindicales incentivando la afiliación, la representatividad y la negociación colectiva sectorial para fortalecer el diálogo social en Colombia.
“Respecto al diálogo social y a la realización de derechos de libertad sindical, los contratos sindicales aumentan considerablemente (777 en lo que va corrido de 2016), superando y desplazando las convenciones colectivas (193 en el mismo período), debilitando la negociación colectiva y la asociación sindical, que se mantiene en el 4,4 %”, precisó Paola Andrea Peña.
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Según la Andi, una jornada de esta magnitud tendría un impacto semanal de $85.000. Fenalco expresó que sectores como turismo y comercio serían los afectados
