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En el octavo informe de vigilancia rendido ante la Corte Constitucional, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, concluyó que nuevamente se identificaron inconsistencias entre los porcentajes de avance de cada objetivo y el cumplimiento de las metas fijadas en el esquema de aseo.
"Se concluye en este último informe que, tras dos años de implementación del Plan de Inclusión, no se observan mayores avances en la estrategia de reglamentar e implementar el Acuerdo del Concejo que crea el comparendo ambiental", señaló la entidad.
La Procuraduría General recomendó al Distrito que haga ajustes en la campaña publicitaria utilizada para evitar que se repitan situaciones como la confusión de cifras y desinformación a la ciudadanía sobre los avances y resultados del programa Basura Cero y del Plan de Inclusión.
Igualmente, el Ministerio Público sugirió revisar el procedimiento de verificación de la condición de recicladores y analizar las razones del incremento en el número de éstos inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio (Ruro) durante el primer trimestre del 2014.
Por último, el Ministerio Público le recordó a la Superintendencia de Servicios Públicos que ejerza control tarifario para determinar cómo está estructurado el modelo de reconocimiento económico a los recicladores por la actividad de aprovechamiento, con cargo a la tarifa del servicio de aseo.
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