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El gremio de los generadores térmicos de energía, Andeg, consideró que la actuación de la Superintendencia de Sociedades fue responsable y es acorde a la reglamentación del sector.
Su presidente, Alejandro Castañeda, aseguró que con la actuación se espera que se retome el flujo normal del negocio, es decir, “que todas las obligaciones de compra y venta de energía se mantengan y se cumplan”.
Castañeda dijo que cumpliendo con las garantías, calculadas en $80.000 millones, “podremos garantizar que las empresas que producen la electricidad continúen haciéndolo sin tener que enfrentar un evento de estrés financiero”.
Por otro lado, la Cámara Colombiana de la Energía, en cabeza de Andrés Taboada, respaldó la decisión del Gobierno y consideró que debe “redundar en una mejora en la suficiencia, calidad y confiabilidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica en los departamentos de la región Caribe”.
Al tiempo, Taboada expresó que “se debe garantizar el pago de las obligaciones vigentes y futuras que adquiera la empresa con sus proveedores de electricidad, bienes y servicios”.
El alcalde de Bogotá aseguró que las afirmaciones del presidente no tienen sustento técnico
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