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En cuanto al manejo de los recursos, la entidad recuerda que el peaje de Los Andes ha recaudado más de $887.000 millones y solicita aclarar el destino de esos rendimientos
La Secretaría de Transparencia, en cabeza de Andrés Idárraga, informó que mantiene sus observaciones sobre posibles irregularidades en la entrega de bienes públicos del municipio de Chía para la construcción de la Variante Accenorte.
La entidad señaló que los hallazgos fueron compartidos con antelación a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, sin que se recibiera respuesta oportuna.
De acuerdo con el informe, uno de los puntos centrales es la cesión gratuita de predios de uso público, definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para vías locales, que fueron destinados a una obra de carácter regional sin ser valorados a precios de mercado ni incluidos en la estructuración financiera del proyecto. Según la Secretaría, este manejo puede afectar la legalidad de la iniciativa.
El análisis también resalta deficiencias en la planeación, pues los diseños y estudios definitivos se realizaron en fase de preconstrucción, y no durante la factibilidad, como establece la normatividad.
Además, la entidad recuerda que la construcción de la Variante Chía se inició antes de la firma del otrosí que, en 2019, oficializó esta alternativa, lo que a su juicio podría constituir una vulneración al principio de planeación.
Otro de los aspectos mencionados corresponde al Convenio 019 de 2017. Según la ANI, este acuerdo permitió ampliar el alcance de la obra con la construcción de una doble calzada y puentes adicionales; sin embargo, la Secretaría considera que los recursos se usaron para cubrir cantidades de obra no previstas, sin contar con la validación técnica necesaria.
En cuanto al manejo de los recursos, la entidad recuerda que el peaje de Los Andes ha recaudado más de $887.000 millones y solicita aclarar el destino de esos rendimientos. También cuestiona la extensión del plazo de la concesión y la demanda contra el municipio de Chía por $12.000 millones, cuando la gestión predial estaba a cargo del concesionario.
Para sustentar todos estos hechos, la Secretaría presentó un documento técnico en el que se detalla la cronología de los hechos, los fundamentos jurídicos y las conclusiones preliminares del análisis que se encuentra abierto al público.
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