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Aunque la venta de Isagen se presentó como una oportunidad para que el Estado pudiera financiar proyectos de infraestructura, a la iniciativa le han salido opositores desde diferentes sectores.
Más recientemente, a este panorama se sumó la Procuraduría General de la Nación, que instauró una acción más contundente: presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un documento en el cual pide que se suspenda la venta de acciones de Isagen.
En detalle, el documento manifiesta que “no se conocen los documentos o estudios que dieron lugar a la venta de acciones”, que fue determinada a través del consejo de ministros.
En adición, la venta del 57% de la compañía se torna más confuso con la reciente llegada de Amylkar Acosta al Gabinete del presidente Santos para liderar la cartera de Minas Y Energía.
Ayer, durante la jornada de posesión, Acosta manifestó que pese a su oposición, deberá dirimir de ellas y colocarlas en manifiesto ante el consejo ministerial. Así, surge el interrogante sobre cuál será el futuro de la compañía, y cuándo comenzará la venta al sector solidario y privado, un escenario en el cual jugadores como Grupo Argos y la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), ya han manifestado su interés.
“El alto precio de los combustibles incide en los altos fletes y eso afecta la competitividad”, dijo el nuevo jefe de la cartera de Minas, quien señaló que tras la decisión de la Corte Constitucional que le quita la potestad al Gobierno de fijar el precio de los combustibles, el debate debe darse en el Congreso.
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