¿Sabe cuánto le cuesta a los colombianos tener elecciones?

Votar en Colombia, un derecho democrático consagrado en la Constitución Nacional, le sale cada cuatro años más caro al aparato estatal. Y peor, con una abstención superior al 50 % (como ocurrió en los recientes comicios para Congreso), ya que buena parte de los recursos destinados a la organización electoral, se gastan infructuosamente.

El proceso electoral de 2014, le cuesta al Presupuesto de la Nación $569.000 millones, es decir, $337.000 millones más que lo invertido en 2010. Tal flujo de recursos públicos equivale a media reforma tributaria, o al dinero necesario para construir 13.000 viviendas gratuitas de las que viene entregando el actual Gobierno. 

Los $569.000 millones permitieron organizar la reciente elección de 102 senadores y 167 representantes a la Cámara y la consulta del Partido Verde. Y ahora se alistan las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Esa misma partida incluye la primera vuelta. 

Todo ese esfuerzo del pasado 9 de marzo demandó la impresión de 102 millones de tarjetones (a pesar de que hay 32,8 millones de ciudadanos habilitados para votar) más toda la organización logística, operación de sistemas informáticos, papelería, movilización de 13.000 funcionarios y el montaje de 97.864 mesas. 

A eso se añaden $50.000 millones que vale la instalación de equipos de biometría, que son lectores ópticos para la identificación de huellas digitales de los votantes en cada mesa. 

Esas finanzas incluyen $232.000 millones que le corresponden a la firma Disproel, que ganó la licitación para la organización logística de los recientes comicios para el Congreso. 

“Ese el costo económico de la democracia, y en eso el Gobierno no puede ahorrar mucho, pero valdría la pena revisar dónde se pueden eliminar algunos sobrecostos, y ante todo, buscar a través de mucha pedagogía ciudadana y política, la forma de rebajar la abstención para que cualquier proceso electoral no afecte tanto las finanzas públicas”, señala el politólogo y profesor bogotano Diego Cediel. 

Dentro del presupuesto para 2014 se deduce que los 2.386 candidatos que aspiraron a Senado y Cámara, lo mismo que al Parlamento Andino le significaron al fisco una erogación promedio de $240 millones por cada uno. Y aún falta el pago por reposición de sufragios a cada uno de los candidatos ganadores que superaron un umbral estimado del 3% sobre el total de los votos válidos. Ese pago, aún no definido en valor, podría ser de unos $4.000 por voto. 

Todo ese gasto enfocado en candidatos y en 32.835.856 potenciales votantes le representa al erario unos $17.700 por sufragio emitido o no, mientras en Europa y otros países latinos ese valor no supera los $9.000. Un elevado costo fiscal, si se tiene en cuenta que para la escogencia de los nuevos congresistas votaron 14,3 millones de colombianos y dejaron de hacerlo 18,5 millones. 

Según Cediel “más allá de las razones de los ciudadanos, que mediante una alta abstención buscan castigar a la clase política o simplemente son indiferentes, lo importante es concientizar más a las comunidades sobre la importancia de votar, a fin de que el esfuerzo económico que se hace en la organización electoral, se justifique plenamente”. 

Alberto Naranjo, director del Programa de Economía y Finanzas de la Universidad de la Sabana, considera que “los gastos electorales, altos o no, son parte de una democracia como la nuestra, aunque se requiere de cambios estructurales en el sistema político, la educación y la justicia” para que se fortalezcan las instituciones desde lo social y lo económico. 

Frente a los costos y la baja participación ciudadana, el propio registrador Carlos Ariel Sánchez, admite que “si la abstención del pasado 9 de marzo fue de un 50%, eso nos lleva a suponer que la misma le costó al país unos $25.000 millones, ya que en la elaboración de las tarjetas electorales se invirtieron $50.000 millones”. El material no utilizado o sobrante debe destruirse, ya que la ley obliga a imprimir una cifra mayor de tarjetas respecto al censo de votantes. 

Un sacrificio millonario que asume la democracia, así no voten todos sus ciudadanos. 

Los comicios locales 

Cada vez que un gobernador o un alcalde es destituido, organizar nuevas elecciones es costoso. Así ocurrió años atrás en el Valle tras la insubsistencia de los ex gobernadores Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, y la eleccíón de Ubéimar Delgado. 

Según el registrador Carlos Ariel Sánchez, en los últimos 9 años se han celebrado 41 elecciones de este tipo en el país al declararse la nulidad de los comicios, y otras 33 por la destitución de mandatarios regionales.