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Proyectos que se frenarían con la resolución de MinAmbiente
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Gremios y empresarios advierten que la medida violaría la autonomía de Bogotá y pondría en vilo el desarrollo de la infraestructura
El Ministerio de Ambiente publicó el lunes un borrador de resolución que pone de manifiesto la necesidad de reordenar las dinámicas de construcción y de ampliación urbana de la Sabana de Bogotá, al norte y occidente.
De acuerdo con la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, los lineamientos (algunos de carácter obligatorio) incluyen la protección de humedales y bosques secos, establecimiento de límites al uso del agua, restricción de urbanización en suelo rural y la evaluación de nuevas infraestructuras tomando en cuenta su impacto en las cuencas hídricas de la zona.
Sin embargo, las voces de quiénes se oponen al avance de la iniciativa (encabezadas por el alcalde Carlos Fernando Galán), argumentan que se pondría en jaque la consecución de proyectos de vivienda, infraestructura vial y de movilidad.
Cabe señalar que la Sabana de Bogotá, tanto al norte como al occidente, posee cuerpos acuíferos, hogar de ecosistemas y fuentes hídricas relevantes para la fauna y la flora circundante.
Dentro de las propuestas, se contemplan la preservación, restauración y recuperación de los bosques andinos, la subxerofitia y los humedales, la expansión urbana compacta que priorice los perímetros urbanos antes que aprovechar nuevos suelos de expansión y la protección de hábitats y corredores de especies amenazadas.
“Es una resolución que busca el ordenamiento alrededor del agua, adaptar la sabana de Bogotá al cambio climático, recordando que este es un territorio declarado de interés nacional por la Ley 99 de 1993”, señaló la exministra Muhamad.
El punto de debate se concentra en el futuro de los proyectos en el norte y en el occidente de la capital. De acuerdo con el concejal de Bogotá, Julián Espinosa, son ocho los proyectos que detendrían su desarrollo a causa de la resolución (que se encuentra abierta a comentarios): la ampliación de la Autopista Norte, la vía Suba-Cota, la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima; el proyecto de expansión urbana Lagos de Torca, el aeropuerto Guaymaral, el Regiotram de Occidente y del Norte y el desarrollo de la Avenida Longitudinal de Occidente.
A ellos se le sumaría el cable que conectaría a La Calera con Bogotá.
Carlos Fernando Galán resaltó que esta iniciativa es una violación a la Constitución y además ignora la decisión del Consejo de Estado sobre el desarrollo de proyectos en zonas de influencia cercanas al río Bogotá. “La resolución afecta la posibilidad de avanzar en proyectos como el Ptar Canoas e incluso el desarrollo de las tres líneas del Metro de Bogotá, con los patio-talleres en el occidente de la ciudad, que quedarían en el limbo”, comentó Galán.
La administración distrital estima que se afectarían cerca de 172.000 familias que ya viven en barrios legalizados y que han tenido inversiones de acueducto.
En cuanto a las afectaciones en el sector de la construcción, Camacol detalló que los principales perjudicados serían los proyectos de vivienda de interés social, que representan 65% del total de proyectos. La agremiación señaló que la norma “bloquearía 60 planes parciales en casi 3.000 hectáreas de suelo urbanizable”. Equivalen a la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y su sabana.
“La estrategia de Susana Muhamad es clara: detener el desarrollo de Bogotá. Con la medida que tomó, se detienen obras de movilidad, vivienda e infraestructura”.
“La propuesta unilateral del Ministerio no precisa cómo la expansión urbana afecta los ecosistemas. Parecen decisiones arbitrarias y la resolución está mal formulada”.
“Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos”, señaló Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, quien además hizo un llamado a la Procuraduría para que vigile el desarrollo del proceso de consulta pública.
Finalmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que la resolución viola autonomía territorial de Bogotá y de prosperar, se paralizaría el desarrollo de la infraestructura de la ciudad.
Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, expresó su apoyo a la administración distrital y comentó que existe una imposibilidad jurídica en tanto que “la Nación no puede ordenar el territorio de los municipios por decreto”.
Agregó que el documento realmente no expone las afectaciones que generaría la consecución de los proyectos de expansión urbana. “Lo que deberían ser los lineamientos de protección de los ecosistemas se terminó convirtiendo en decisiones arbitrarias”, concluyó la rectora.
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Edwin Palma dijo que la decisión de la subasta busca espantar los rumores de que el país está ad portas de un apagón energético.
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