Reforma tributaria es “confiscatoria”, dicen los expertos

Esa afirmación no es de poca monta, pues quiere decir que personas naturales y jurídicas, de aprobarse el proyecto de ley, no les alcanzarán las ganancias generadas en su actividad para pagar los impuestos, nacionales y territoriales (predial) que se sobreponen. Por tanto, tendrían que salir a vender parte de su patrimonio (propiedades y bienes) para cumplir dichas obligaciones. 

Así lo señala en varios apartados un estudio técnico conocido por este diario realizado por la firma de Santiago Pardo Ramírez. 

Para este exdirector de la Dian (1986-1988), particularmente el nuevo Impuesto a la Riqueza, que con variaciones reemplaza el impuesto al patrimonio por cuatro años más, es confiscatorio con sus tarifas oscilantes entre 0,2 y 1,5 por ciento para quienes tienen patrimonios líquidos superiores a los 1.000 millones de pesos. 

"Por concepto de este solo impuesto, los contribuyentes tendrán una tributación sobre el rendimiento real que fluctúa entre el 20 y el 150 por ciento", precisa el informe de Pardo. Advierte que una economía con una tasa de interés nominal (DTF) de 4 por ciento, después de inflación cercana al uno por ciento, con esas tasas tributarias no hace rentable la inversión local ni la que provenga del exterior. 

Debate jurídico 
A lo anterior se suma la advertencia que confiscación está prohibida por la Constitución en su artículo 34, recuerda el asesor tributario Julio César Leal Duque y si se aprueba la reforma tributaria tal como está, "lloverán las demandas y la Corte Constitucional podría declararla inexequible, porque ya hay formas de demostrar que es confiscatoria", agrega. 

No obstante, Juan Pulgarín Acosta, especialista en derecho tributario vinculado a Fenalco Antioquia, opina que siendo estrictos en la definición de confiscatoriedad, "no se cumplen los presupuestos para referirse así al proyecto de reforma, uno de ellos, el derecho de propiedad sobre bienes del contribuyente". 

El Colombiano confirmó que el Gobierno ya ha evaluado el tema y, conocido el estudio de Pardo, descartó que el Impuesto a la Riqueza, incluso combinando con los gravámenes a la renta, se "trague" las utilidades de una empresa o persona natural, al punto que deba vender parte de su patrimonio. 

También desde la orilla de los impulsores la reforma, se alega que la tasa efectiva siempre será más baja al aplicar deducciones de ley y beneficios tributarios, si bien la tasa nominal sobre los ingresos puede ser de hasta 37 por ciento. Esto resulta de sumar impuesto de renta (25 por ciento), Cree (sobre utilidades, de 9 por ciento) y la sobretasa para las empresas más grandes (de 3 por ciento para las que tengan ganancias mayores a 1.000 millones de pesos). 

Lo cierto es que el patrimonio de empresas y personas naturales aumenta, generalmente, a partir de las utilidades percibidas y que, en su momento, ya fueron gravadas. 

Los afectados 
En todo caso, el ejemplo de la carga tributaria de Grupo Argos es indicativo de lo aún más gravoso que podría llegar a ser la reforma planteada. "Los impuestos que pagamos al año alfueron de 800 mil millones de pesos (sumando regalías), mientras la utilidad operacional fue de 1,3 billones, es decir, pagamos el 60 por ciento de la utilidad en impuestos", advierte Dora Maya, responsable del tema en Grupo Argos. 

Los impactos para el conglomerado, incluyendo sus filiales en cementos, energía, negocio inmobiliario y puertos, solo en el Impuesto a la Riqueza es de 350 mil millones de pesos, sin sumar la sobretasa del Cree que superaría los 30 mil millones y otro tanto por el gravamen a movimientos financieros (4 por mil). 

Y eso pasa con una holding que paga a la Nación lo equivalente a 1,15 veces los ingresos tributarios del Municipio de Medellín, que aporta el 0,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, pero que solo en impuestos a la Dian (excluyendo contribuciones territoriales) aporta el 0,8 por ciento de lo recaudado en el último año (ver nota anexa). 

Desde la orilla del agro, Pedro Echavarría Echavarría, un curtido empresario cafetero, que considera el proyecto de reforma otro golpe mortal al campo. 

"La actividad cafetera implica patrimonios altos en tierras y ya el país sabe que la rentabilidad es muy baja. Con este nuevo impuesto al patrimonio están frenando la economía de escala, no se puede tener una finca más grande para producir competitivamente, porque la carga tributaria es enorme, así no hay agricultura que sobreviva", señala con preocupación al criticar a los hacedores de política tributaria, quienes desconocen las vicisitudes de la producción rural. 

Y estos son ejemplos del impacto de una reforma con que el segundo gobierno Santos busca tapar un hueco de 12,5 billones de pesos que tiene su presupuesto para 2015 y asegurar el financiamiento del cuatrienio. El Congreso tiene la palabra.