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Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), explicó que este proyecto no busca recortar el gasto en subsidio pues “su objetivo es garantizar que los subsidios lleguen a las personas que más los necesitan".
Asimismo, el funcionario recalcó que "al otorgar los subsidios se debe garantizar su calidad y eficacia para reducir la pobreza”.
El proyecto de ley fija las reglas y los requisitos mínimos para la creación de subsidios, y se apoya en tres pilares. El primero plantea los criterios para la focalización adecuada y que se “ciña a criterios técnicos”. El segundo promueve la transparencia del gasto en subsidios “a través de un sistema integral de información que verifica quiénes y por qué monto reciben transferencias del Estado”. En el último se fijan mecanismos de seguimiento para evaluar, al menos cada cuatro años, la calidad y efectividad de este programa.
El DNP explicó en un comunicado que en entre 2010 y 2015 el gasto en subsidios aumentó 44% al pasar de $49,6 billones a $72 billones. La entidad también indicó que “la focalización actual de los subsidios no es la adecuada. La razón principal es la inequidad en los subsidios a las pensiones, ya que el 20% de mayor ingreso de la población recibe el 50,8% del total de subsidios, mientras que el 20% más bajo recibe tan solo el 4,3%”.
El informe expresa que no solo se ha hecho una focalización inadecuada en los subsidios de pensiones sino también en vivienda y servicios públicos. Como consecuencia de estos problemas de focalización “el impacto agregado de los subsidios monetarios en la reducción de la desigualdad es muy pequeño”, reza el documento. Lo anterior se comprueba con el coeficiente Gini que en 2015 indicó que “solo se redujo (la desigualdad económica) en 0,01 gracias a los subsidios monetarios”.
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