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Ley de financiamiento es la apuesta del Gobierno para financiar el PGN
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Al Gobierno se le acaba el tiempo y la falta de consensos indicarían que la ley de financiamiento no pasará, por ello consideran un ajuste en los recursos del país
La falta de consensos en las comisiones económicas del Congreso para aprobar la ley de financiamiento que iría por $16,3 billones, como herramienta para completar los ingresos del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, obligarían al Gobierno a hacer cuentas y adoptar mecanismos para garantizar la viabilidad de estos recursos sin afectar el funcionamiento del país.
Aunque aún no hay nada decidido, analistas ya estiman que esta ley tendrá el mismo desenlace del proyecto de reforma tributaria presentada por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla al cierre del año pasado, lo que obligó a recortar $12 billones del PGN de 2025, de $523 a $511 billones.
Es decir, más de 65% del Presupuesto será destinado al gasto, es por ello, que insisten que es esta partida la que debería recortarse, pese a que el Gobierno ha dicho en reiteradas oportunidades que más de 90% del gasto es inflexible.
“Aplicar esta tributaria podría llevar a un menor nivel de recaudo. Cuando uno eleva excesivamente la carga tributaria, la dinámica que genera es menos recaudo”.
“Estimo un recorte equivalente a $40 billones, desbalance según el Carf, aunque el Gobierno no lo hará máxime porque es su último año, y además hay elecciones presidenciales”.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo afirmó que se debe hacer un corregimiento del Presupuesto del año que viene a través de un recorte del gasto, “que es el único camino a través del cual se puede sortear el momento fiscal que hoy en día estamos viviendo”.
Señaló que incluso esta propuesta de ley de financiamiento no le alcanzaría al Gobierno para cubrir el déficit presupuestal que estimó el Instituto de Ciencia Política, que está situado en $45 billones.
“Aprobar esa reforma tributaria ni siquiera solucionaría el problema de fondo que enfrenta el Presupuesto Nacional. Además, hay una agravante, y es que esa propuesta es contraria a la recuperación económica del país, porque afecta tremendamente sectores productivos en la economía”, agregó Restrepo.
El también rector de la EIA, insistió que aprobar esa ley de financiamiento afectaría a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Agregó que, a través de ella, hay una especie de “ideologización en la manera como están concebidos los gravámenes del IVA para varios sectores sociales”.
“Aplicar esta reforma tributaria, incluso podría llevar a un menor nivel de recaudo. Está demostrado que cuando uno eleva excesivamente la carga tributaria, la dinámica que genera es menos recaudo en realidad, porque ya se vuelve un recaudo, una carga tributaria excesiva”, añadió.
El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez coincide en que el recorte de gasto es la mejor opción para ajustar el Presupuesto. Aunque aclaró que aún no se han hecho las cuentas exactas para saber cuánto de gasto debe recortar el Gobierno, estimó que el monto debería estar por los $40 billones, que va en sintonía con el desbalance alertado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf.
Sin embargo, considera que el Gobierno no hará un recorte por ese monto por tratarse de su último año en el poder.
Insistió que para garantizar la sostenibilidad fiscal, el gobierno actual deberá disminuir el gasto sin sacrificar la inversión. “Hay que ahorrar, uno no puede gastar lo que no tiene”, afirmó el representante.
Tanto Restrepo como Pérez ven poco probable que el Gobierno logre pasar esta reforma tributaria, qué analistas aseguran puede traer más consecuencias negativas que positivas para la estabilidad de la nación.
Como se conoció la semana pasada, desde el Congreso se adelanta una contra propuesta denominada “Plan de Reactivación Económica”, este mecanismo aseguran que fungiría como una alternativa a la tributaria del Gobierno de Petro.
El trámite que espera su segundo debate plantea un escenario un poco distante de la ley de financiamiento, pues pretende estimular el recaudo con medidas tributarias y no con gravámenes. Busca proteger sectores económicos como el turismo, transporte, energías renovables, entre otros.
No obstante, el Gobierno no se ha referido a esta medida que serviría como una nueva opción para financiar el Presupuesto General, en caso de que les hundan la ley de financiamiento por segundo año consecutivo.
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