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El ministro José Manuel Restrepo explicó que uno de los propósitos del nuevo articulado es crear instrumentos que faciliten la contratación
En la segunda jornada de visitas del Ministerio de Hacienda a las regiones, se llegó a la conclusión de que el próximo articulado de la reforma tributaria, que se llamará proyecto de inversión social, debe tener como prioridad la reactivación económica y la reducción del desempleo, sobre todo de la población juvenil, de las personas mayores de 40 años y de las personas en situación de discapacidad.
Esta vez las reuniones se hicieron en Ibagué y durante la jornada los empresarios, jóvenes y distintos actores sociales de la ciudad estuvieron de acuerdo con que se deben dar oportunidades laborales.
De hecho, el jefe de la cartera, José Manuel Restrepo, explicó que uno de los propósitos del articulado es crear instrumentos que faciliten la contratación, tales como el Paef o el subsidio que cubrirá los costos de la seguridad social.
Ante el anuncio del ministro, varios empresarios beneficiarios del Paef expresaron estar de acuerdo con la medida y dispuestos a contratar a las personas que se han visto afectadas por el desempleo. En ese sentido, pidieron dar celeridad y claridad al proyecto de inversión social.
Por otro lado, en la jornada también se destacó la necesidad de generar oportunidades educativas que permitan que los jóvenes estén mejor preparados para enfrentarse al mercado laboral, pero que también se generen garantías para salir del círculo vicioso que no permite la contratación por falta de experiencia.
Así, Restrepo señaló que la propuesta de generación de empleo debe incluir un subsidio al sector empresarial para incentivar la contratación de jóvenes de 18 a 28 años y personas que hayan perdido su empleo. La medida tendría una duración de entre dos y tres años y generaría 650.000 empleos.
Además, aseguró que el nuevo articulado permitirá que se continúe y amplíe el programa de matrícula 0, pues el Ministerio buscará recursos que garanticen este propósito, que tiene un costo aproximado de $700.000 millones anuales.
“Los elementos en común que he venido recogiendo son varios: la necesidad de no afectar a la clase media, que no toque IVA, pensiones y ampliación de la base en renta de personas naturales. Que generen empleo, que tenga como prioridad la protección del sector empresarial, en especial de las micro y pequeñas empresas y la reactivación económica. Que también tenga un esfuerzo de ahorro público y en la lucha contra esa forma de corrupción que es la evasión y que tenga como consideración lo que han expresado solidariamente los sectores empresariales”, recordó el jefe de la cartera de Hacienda.
Cabe mencionar que los encuentros regionales continuarán en Medellín, el martes 29 de junio; Villavicencio, el miércoles 30 de junio; y Cúcuta, el viernes 2 de julio.
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