"La decisión del Consejo de Estado protege a la Constitución y al empleo formal"

El sector de los comerciantes también reaccionó a la suspensión del decreto del salario mínimo. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, respaldó la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del decreto, al considerar que su expedición desconoció los parámetros constitucionales y legales que rigen este proceso, tal como lo mencionó el Gremio en la demanda presentada.

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Fenalco considera que el alto tribunal ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, atendiendo los criterios establecidos en la ley, entre ellos la evaluación técnica de variables como la inflación, la productividad, la capacidad de pago de las empresas y el impacto sobre el empleo formal.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, esta decisión constituye un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral. "La ilegalidad del decreto era evidente",dijo Cabal. Y continuó expresando que "la fijación del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral ni desconociendo los criterios técnicos y constitucionales que buscan proteger tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y de las empresas", afirmó el líder gremial.

En ese sentido Fenalco reiteró que un incremento del salario mínimo de 23,7%, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país. Y argumentaron que en Colombia más de 55% de las personas que trabajan están en situación de informalidad. "Esto significa que la gran mayoría de personas, trabajadores informales, independientes y millones de hogares, no se benefician directamente del aumento, pero sí enfrentan sus consecuencias",explicó Cabal.

Finalmente, desde el gremio argumentan que un aumento desmedido del salario mínimo no solo pone en riesgo la generación y permanencia del empleo formal, sino que termina trasladándose a mayores precios de bienes y servicios, afectando el bolsillo de los mismos trabajadores y ciudadanos.

El gremio considera que la decisión del Consejo de Estado restablece el equilibrio institucional, protege el proceso de concertación laboral y reafirma que las políticas salariales deben construirse con responsabilidad técnica, diálogo social y estricto respeto por la Constitución Política.

Es así que el gremio expresó "su expectativa de que el nuevo decreto que expida el Gobierno Nacional atienda rigurosamente los parámetros legales, contribuya a la estabilidad económica y favorezca la preservación del empleo formal, condición indispensable para el bienestar social y el crecimiento sostenible del país".