"Respetaré decisión del Consejo de Estado pero actuaré de acuerdo a la Constitución"

Luego que se conociera la decisión del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional del ajuste de 23,7% en el salario mínimo de 2026, ya se producen las primeras reacciones del alto gobierno y de demás actores políticos.

El presidente Gustavo Petro se refirió al tema y afirmó que respetará la decisión del Consejo de Estado pero agregó que actuará conforme a la Constitución.

"El decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución (...) suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario", dijo el jefe de Estado desde su cuenta de X.

Petro informó que el Ministerio del Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá.

"La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia", agregó el mandatario.

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Armando Benedetti, ministro del Interior, quien señaló que lo dictaminado "es una decisión política de las élites en el Congreso y las altas cortes que no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia".

El jefe de la cartera política agregó que lo definido por el Consejo de Estado tendrá efecto en las elecciones venideras, pues dijo que "verán en las campañas quién está a favor de ayudar a los menos favorecidos”.

Los gremios económicos también se pronunciaron frente a la decisión del Consejo de Estado. Del lado de la Andi, su presidente, Bruce Mac Master, comentó que la tarea del país será seguir trabajando por contrarrestar los efectos en la inflación y el empleo que se generaron con el decreto.

"Encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro", agregó Mac Master.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que la decisión protege a la Carta Magna y la sostenibilidad del empleo formal. "Fue un fallo en estricto derecho. Tiene en cuenta el aumento desmesurado del salario mínimo, pues no obedece a criterios económicos y técnicos", dijo Cabal.

Desde una mirada macroeconómica, el exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, detalló que en el corto plazo no habrá una alteración en el choque de costos por el aumento del salario mínimo. Pero detalló que está en riesgo la contratación formal y las expectativas de inflación.

"El fallo no altera de inmediato el choque de costos asociado al aumento del salario mínimo, pero introduce un elemento adicional de incertidumbre, que permanecerá hasta que el Consejo de Estado dicte sentencia. Esto puede traducirse en menores incentivos a la contratación formal y una mayor dispersión en las expectativas de inflación", dijo Mejía.

Del lado de los contendientes a la presidencia, el primero en reaccionar fue el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien rechazó la decisión del Consejo de Estado y dijo que "se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro".

Agregó que la medida propicia la reproducción de la desigualdad social y demuestra la resistencia "a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia".

"Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social", dijo el candidato presidencial.