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HACIENDA

Qué incluye Plan de Desarrollo que concilió el Congreso y pasa a sanción presidencial

viernes, 5 de mayo de 2023

Una de las metas del Gobierno con esta hoja de ruta es reducir los indicadores de pobreza extrema y la pobreza multidimensional

Carolina Salazar Sierra

Después de tres meses de debates en el legislativo, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el texto conciliado del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, 'Colombia, potencia mundial de la vida', por lo que ahora pasará a sanción presidencial.

“Agradezco el trabajo comprometido que han tenido los congresistas a lo largo de todo ese tiempo. Hemos tenido un diálogo constructivo con la sociedad colombiana, en democracia y con la representación de la ciudadanía en el Congreso y hemos podido mejorar el Plan Nacional de Desarrollo, legitimando las cinco transformaciones que hemos propuesto como Gobierno del cambio. Los congresistas acogieron nuestras recomendaciones de pensar y aprobar proyectos de impacto nacional estratégicos y en esta discusión hemos visto que las bancadas se han unido alrededor de asuntos regionales que concuerdan con nuestra propuesta de cambios sustantivos para el país”, dijo el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, señaló que “el Plan de Desarrollo es la carta de navegación de un Gobierno, se organiza precisamente iniciando, para poder decir qué es lo que se va a hacer en el periodo de cuatro años. En este caso los programas más importantes son los programas de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad y esos son los objetivos fundamentales”.

Principales metas del proyecto

Entre las metas que tiene el Gobierno con esta hoja de ruta está el avance de 70% en el catastro multipropósito, con lo que se podría consolidar la reforma rural.

En esa misma línea, otra de las apuestas es que se entreguen 2,9 millones de hectáreas a las comunidades rurales, contribuyendo en la restitución y titulación de tierras en pro de la paz y para potenciar la producción agrícola.

Se espera bajar los indicadores de pobreza extrema y la pobreza multidimensional a un solo dígito, específicamente a 9,6% y 7,4% respectivamente en 2026.

En infraestructura, con este plan se contempla llegar a una intervención de 88.000 kilómetros de vías terciarias; mientras que se busca la ampliación de las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas a 1,7 millones de hectáreas.

Otra de las grandes apuestas de este Gobierno tiene que ver con la transición energética y en el cuatrienio se prevé agregar 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.

En esa transición, el Gobierno busca enfocarse en la diversificación de la canasta exportadora, por lo que fijó incrementar en 56,3% la participación de las exportaciones de bienes no minero energéticos.

Esto es lo que incluye el documento

Para la conciliación, se revisaron diferencias entre lo aprobado en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado.

Entre los puntos del PND que fueron aprobados están algunos artículos económicos y de facultades extraordinarias para el Presidente, como el 351, el 232, el 91 y 326.

Por ejemplo, el polémico artículo 351, piedra angular en la reforma a la salud, se aprobó tanto en Cámara como en Senado. Este autoriza a la Adres hacer el giro directo de los recursos públicos a las IPS sin tener que pasar por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

Otro de estos es el artículo 326 que le permite al Presidente quedar con facultades extraordinarias para ‘salvar’ el Hospital San Juan de Dios. Esto no es un tema nuevo pues desde que fue alcalde de Bogotá, el mandatario ha intentado intervenir el hospital para que vuelva a entrar en funcionamiento.

Las polémicas de la ‘aprobatón’ corren por cuenta del artículo 91 y el 232, con los que el Gobierno buscará, respectivamente, contratar proyectos de baja cuantía con representantes de la economía popular y promover la defensa comercial a través de una política de ‘remedios comerciales y aranceles inteligentes’.

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