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ENERGÍA

Esta semana se cierra el plazo para inscribirse en la subasta de energía a largo plazo

lunes, 28 de enero de 2019

Gobierno Nacional está trabajando para impulsar la matriz energética del país. El objetivo: tener 1.500 MW para 2022 en energías renovables no convencionales.

Kevin Steven Bohórquez Guevara

Impulsar la competitividad de la matriz energética del país con el objetivo de promover una mayor generación eléctrica con fuentes de energía renovables no convencionales, es la razón por la que el Gobierno Nacional anunció que en febrero realizará la primera subasta a largo plazo. Tras poner las condiciones sobre la mesa, esta semana se cierra la fecha límite para la presentación de los participantes, quienes, entre otras cosas, estarán en la puja del próximo 26 de febrero.

El proceso tiene como objetivo adjudicar 1.183.000 megavatios-hora año, a través de contratos de energía media anual a largo plazo. Esto servirá como punto de partida para no solo diversificar la energía solar y eólica, sino también para llegar a una meta puntual: tener 1.500 MW para 2022.

“Nuestra meta en estos cuatro años es aumentar la capacidad instalada en este tipo de energías, al pasar de 50 megas, que es lo que hoy necesita una ciudad como Ibagué, a por lo menos 1.500 megas, equivalentes a lo que requieren Cali y Medellín juntas, con inversiones estimadas entre US$1.300 y US$1.800 millones y una reducción aproximada de tres millones de toneladas de CO2”, explicó María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

Una de las condiciones para estar presente en la subasta es que a los proyectos que se les adjudique esta responsabilidad tendrán que iniciar sus obligaciones a partir del 1 de diciembre de 2021. Es por esta razón, que antes de asignar los proyectos, la cartera de Minas y Energía evaluará las propuestas bajo cuatro criterios: resiliencia, complementariedad de los recursos, seguridad energética y reducción de emisiones de CO2.

LOS CONTRASTES

  • María Fernanda SuárezMinistra de Minas y Energía

    “Nuestra meta en estos cuatro años es aumentar la capacidad instalada en este tipo de energías, al pasar de 50 megas a por lo menos 1.500 megas”.

Al hablar de resiliencia, el Gobierno buscará que los proyectos tengan la capacidad de energía sin necesidad de que sean afectados por cambios climáticos o eventos adversos.

Pese a que aún no se tiene la cifra consolidada de proyectos que estarán en esa disputa, debido a que aún no se cierran las inscripciones, cifras de la Upme señalan que actualmente hay más de 573 vigentes. Si bien no son todos los que participarán, da una muestra de la importante diversificación que se está dando en energías renovables no convencionales.

Para Alejandro Lucio Chaustre, consultor y experto en energías renovables, en este momento hay varios proyectos que cumplen con las características que se piden. “Sin embargo, hay que recordar que no solo será esta subasta, sino vendrán muchas más. Esto le garantizará al Gobierno que se pueda cumplir la meta que se tiene estipulada”.

Con este plan de diversificar la matriz energética con fuentes que no dependan del cambio climático, el Gobierno busca que energías como la solar y la eólica alcancen una cuota de 10% en todo el sistema nacional. Esto permitirá robustecer la matriz de todo el país y no condicionarse a proyectos como Hidroituango, los cuales podrían tardarse más de lo previsto.

“Esta será la primera de una serie de subastas para ampliar la generación de energía en Colombia a partir de fuentes renovables alternativas. La segunda subasta se llevará a cabo en el segundo semestre de 2019”, explicó Suárez, quien aclaró que si bien el 26 de febrero será la primera puja, se darán más con el objetivo de garantizar los 1.500 MW que espera tener el Gobierno en el cuatrienio.

Los contratos que se adjudicarán a largo plazo no serán la única carta que esta administración está barajando en este momento.

De hecho, si bien la primera subasta será el 26 de febrero, también habrá una el 28 de ese mismo mes, que, en términos generales, será una puja de expansión del cargo por confiabilidad. Es decir, un mecanismo para garantizar la energía inclusive en las condiciones más críticas.

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