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El proyecto también garantiza la navegabilidad y la protección de las comunidades ribereñas, al prevenir los impactos de una inundación
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), publicó el proyecto pliego de las condiciones de la licitación pública para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.
El objetivo fundamental de dicho proyecto es la restauración de los
ecosistemas degradados del área de influencia del proyecto, con lo que, además, se garantiza la navegabilidad y la protección de las comunidades ribereñas, al prevenir los impactos de una posible inundación.
“Tenemos un compromiso con las comunidades que residen en inmediaciones del área de ejecución del proyecto, pues debemos prevenir los impactos por probables inundaciones, pero además debemos proteger un ecosistema que es primordial para la conservación de las especies y el cual beneficia actividades agropecuarias y pesqueras”, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
Se indició que una vez se surta esta etapa, la ANI analizará los comentarios y observaciones para, posteriormente, publicar el pliego de condiciones definitivo y dar paso a la presentación de ofertas de los posibles interesados, lo que culminará con la etapa de adjudicación, que se tiene prevista para el primer semestre de 2022.
“Seguimos trabajando en proyectos que fortalecen la infraestructura de transporte concesionado, pero principalmente que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, pues tendremos un proyecto robusto que es sostenible con el medio ambiente y que traerá un impacto positivo en las comunidades al generar empleo y llevar progreso”, indicó Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI.
En cuanto al proyecto del Canal del Dique, este tiene una longitud total de 115,5 kilómetros, que abarcan la hidrovía entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.
Las inversiones previstas para esta iniciativa llegan a $3,10 billones, de los cuales $2,19 billones son de capex y $0,91 billones de opex.
El proyecto plantea obras que garanticen la navegabilidad por el canal y también busca solucionar los problemas generados tras la ampliación en la hidrovía artificial que conecta al río Magdalena desde Calamar hasta la bahía de Cartagena.
La medida, impuesta por daño a la industria nacional, según una investigación del Gobierno, estará vigente por próximos dos años
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